Prefecta Lucía Sosa es cesada de su cargo tras 8 años de disputa legal

05 de julio de 2013 - 00:00

El pleno de la Corte Constitucional (CC) decidió por unanimidad, el miércoles, la separación del cargo de la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, y de la procuradora síndica del Gobierno Provincial, Rosalía Valdez Caicedo.

El organismo basó su decisión en el artículo 86 de la Constitución vigente que establece en su numeral 4: “Si una sentencia o resolución no se cumple por parte de servidores o servidoras públicas, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo”.

Esto luego de que Sosa, en su calidad de titular de la Prefectura, y Valdez, como representante legal, no acataran dos sentencias emitidas en distintos momentos por el máximo órgano constitucional  en favor de   42 ciudadanos, quienes interpusieron en 2005 un recurso de amparo tras ser desenrolados de la entidad esmeraldeña.

ANTECEDENTES

Hasta ayer, la decisión de destitución del pleno de la Corte Constitucional no había sido comunicada de manera oficial a la prefecta Lucía Sosa ni a la síndica del Gobierno Provincial, Rosalía Valdez.

La autoridad
esmeraldeña no emitió ningún comunicado oficial y ayer permaneció en las instalaciones de la Prefectura.

El dictamen
constitucional es de cumplimiento inmediato tras su oficialización. Es decir que una vez que el informe  llegue a manos de Sosa y Valdez  se hará efectivo.  

La prefecta Sosa
ha sido una de las opositoras más acérrimas del paso de La Concordia a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Se trata de la resolución 0474-05-RA del 20 de junio del 2006, que fue emitida por el entonces Tribunal Constitucional (TC), y la sentencia 010-11-SIS-CC del 12 de octubre de 2011, resuelta por el pleno de la Corte Constitucional prorrogada en funciones para el período de transición.

El caso se remite a las postrimerías de la administración del ex prefecto Homero López (ya fallecido), de los registros del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), quien a dos días de abandonar su función en diciembre de 2004, autorizó la contratación de 46 personas en el Consejo Provincial.

López había perdido las elecciones ante la prefecta ahora  destituida, quien milita en las filas del Movimiento Popular Democrático (MPD).

La  administración provincial emepedista separó de la institución a los involucrados en el conflicto en enero de 2005, bajo el argumento de que su contratación no se había realizado de acuerdo con la ley.

Entonces, los ex empleados se organizaron para presentar un amparo constitucional en contra de la decisión. El recurso legal fue conocido por el Juzgado Tercero de lo Civil de Esmeraldas en abril de ese mismo año y emitió un dictamen favorable para los obreros dos meses  después.

Ante ello, la Prefectura esmeraldeña apeló la decisión y el caso pasó entonces a manos del Tribunal Constitucional, que en el 2006, tras un análisis, ratificó el fallo del juzgado y ordenó el reintegro  de los empleados.

Aquello no fue acatado, en primera instancia, por la administración de Sosa, constituyéndose aquello en el primer desacato.

Posteriormente y cuando el país vivía el período de transición democrática establecido en la actual Carta Política del país, la ya para entonces Corte Constitucional  conoció  el tema y en octubre de 2011 confirmó el dictamen del TC. Tras ello, el Gobierno Autónomo Descentralizado esmeraldeño procedió a enrolar a los obreros en noviembre del mismo año.

No obstante, en 2012, 42 de los involucrados fueron despedidos  nuevamente de la corporación provincial bajo el argumento de incapacidad para ejercer sus labores.

Por ello, los trabajadores insistieron en el reclamo de que sus derechos habían sido violados y volvieron a llevar su caso a la Corte Constitucional. Dicha entidad receptó el caso nuevamente en abril pasado y lo estudió hasta determinar la sentencia anteayer.

Ayer, Sosa no emitió ninguna declaración luego de saber la decisión y el Departamento de Relaciones Públicas de la Prefectura anunció  que una rueda de prensa tendría lugar este viernes.

De su lado, Paulino Nazareno, director provincial del MPD, rechazó la decisión del organismo constitucional  y afirmó que esta tiene tintes políticos.

Cuando se confirme la salida del cargo de la autoridad esmeraldeña, el viceprefecto Rafael Erazo asumiría, presuntamente, el mando en la entidad provincial.

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