Al mediodía de ayer en un operativo, dirigido por la Fiscalía en Guayaquil, fue detenido el juez Quinto de lo Civil de Guayas, Julio A.,  junto con  otras cuatro  personas,  por el delito de asociación ilícita.

Según el presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, existen presunciones sobre la participación del  magistrado, quien al parecer habría aprovechado su condición de autoridad judicial para beneficiarse directamente, o a través de terceros, del  remate de bienes incautados.

La indagación que realizó la Fiscalía sobre este hecho constató la existencia de la compañía Arbien S.A. que estaría relacionada con el juez y miembros de su familia, quienes figuraban como accionistas de la empresa.

De ese modo compraban bienes, como casas, terrenos o automóviles, que la judicatura remataba,  adquiriéndolos  finalmente a  precios por debajo del avalúo real de la propiedad.

Sobre este caso el ministro del  Interior, José Serrano, señaló que el  juez estaría implicado en la tramitación de juicios planteados por usureros en contra de personas que dejaban sus bienes como prenda a cambio de préstamos fraudulentos.

El funcionario señaló que pusieron como  gerente general de la empresa a un albañil, “quien lamentablemente fue detenido en la construcción que laboraba, lo que era necesario para evidenciar las manipulaciones y los ilícitos que cometía este juez”.

El magistrado, supuestamente, empezó sus actividades ilegales dos meses después de su nombramiento, en febrero de 2012 y habría adquirido varias propiedades bajo esa modalidad.

El ministro Serrano dijo que las investigaciones han permitido identificar un vínculo de corrupción entre el magistrado sindicado yusureros para perjudicar a los ciudadanos y beneficiarse ilícitamente él y sus familiares.

Los detenidos fueron llevados a la Unidad de Flagrancias para la audiencia de formulación de cargos.