La audiencia para resolver la demanda que presentó el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) a los esposos Dalo Bucaram Pulley y Gabriela Pazmiño por haber utilizado a sus hijos con fines políticos no se llevó a cabo por una recusación al juez Eduardo Santamaría.

Los abogados de los Bucaram Pazmiño acusan al magistrado de mostrar intereses personales por la premura con la que convocó a la diligencia.

Juan Vizueta, abogado de los asambleístas, explicó que ahora le corresponde a Ana María Canales, titular de la  Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia determinar si procede la recusación.

Pero antes de ser separado del caso Santamaría solicitó que a los niños Bucaram Pazmiño se les realice un examen psicológico, lo que despertó la indignación de sus padres.

“Que me juzguen si me quieren juzgar, pero si quieren intentar acercarse a mis hijos, tendrán que matarme”, aseveró Dalo Bucaram, quien llegó al juzgado acompañado de decenas de simpatizantes. “Yo quería que esto se termine aquí”, lamentó Pazmiño.

El abogado Pedro Granja dijo que Bucaram pagará la multa que se le puede imponer a su representado (entre 100 y 500 dólares) pero enviarán el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la declaren nula.

Al mismo tiempo Vizueta aclaró que la separación de los menores de sus padres no está previsto en la ley. Cuando el MIES interpuso la demanda, medios de comunicación y los propios padres acusaron al Gobierno de querer retirar la patria potestad sobre los menores.