La justicia en el Ecuador lamentablemente ha sido negada para las personas que tienen pocos recursos económicos. Esa situación debe ser modificada de inmediato.

Sobre los casos de impunidad por excesos de los elementos uniformados es notorio que ha existido una confabulación entre jueces y abogados que han creado condiciones para que crezca la corrupción en el sistema nacional de justicia.

Eso, en teoría, debería ser abordado y sancionado por el actual Consejo de la Judicatura, que por encargo constitucional tiene la obligación de vigilar el buen funcionamiento de los tribunales en el Ecuador. Pero esto no ha sucedido.

Es por eso que se necesita -como lo establece la propia Constitución vigente- que se convoque a concursos de oposición y méritos para iniciar una nueva elección de jueces en todo el territorio nacional.

A través de ese mecanismo, totalmente legítimo, deberemos buscar a los profesionales más probos para que puedan dirigir el sistema nacional de justicia.