Indígenas y colonos de la comunidad Dureno, a través de su abogado y patrocinador, Julio Prieto, pidieron al Juez Tercero de lo Civil de Lago Agrio, proceda a abrir la etapa de prueba en el juicio por daño moral instaurado contra la petrolera Chevron, en el año de 1999.
Este juicio es motivado por las acusaciones infundadas por la petrolera contra los comuneros, a quienes acusó de violentos y de fraguar un intento de secuestro contra personeros de la compañía Chevron (Texaco), con lo cual logró detener una inspección judicial en la Estación Guanta, como parte de las pruebas del juicio ambiental seguido por la población amazónica en contra de la petrolera.
En la denuncia consta que la compañía Chevron, presionó a un miembro del Ejército Nacional a que emita un informe de Inteligencia Militar, que afectó la imagen de estas poblaciones. Esto se sustenta en documentos presentados por el Ministerio de Defensa Nacional que ratifican que fueron trabajadores de Texaco, acompañados del Capitán (r) Manuel Bravo, que abusando de la confianza del Mayor Arturo Velasco, entonces Jefe de Inteligencia del Batallón Rayo (GFE-IV-DE “RAYO”), lo presionaron para que elaborara un informe con el fin de “suspender la inspección judicial”. Dicho documento fue elaborado sin ningún sustento real.
El informe de Inteligencia Militar fue usado por el abogado Adolfo Callejas, procurador judicial de Chevron. Con dicho documentosuspendió la inspección judicial aduciendo que; “de acuerdo a la información obtenida por inteligencia militar se conoce de que la intención es retener a funcionarios de CHEVRON TEXACO y demás asistentes a la inspección judicial mediante el bloqueo de las vías de ingreso y salida del sitio para forzar a la firma de documentos de compromiso para la entrega de cumplimiento de varias peticiones”; y recomienda “restringir totalmente las actividades de dicho sector, por no existir las `garantías mínimas de seguridad, para cumplir con dicha diligencia”.
Según Robinson Yumbo, directivo de la Nacionalidad Cofán, el propósito principal de Chevron era impedir que se llegara a sitio, pues sabían que la evidencia que hallarían ahí las autoridades judiciales sería determinante en el fallo del juicio, en su contra.
De acuerdo con estudios realizados por varios técnicos, incluso propuestos por Chevron en dos pozos en Guanta, se comprobó la existencia de niveles de contaminación superiores a los máximos permitidos.
La Presión de Texaco a los militares
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Defensa Nacional, a través de varios informes, a los que se les levantó su carácter de reservado, el Mayor Arturo Velasco, Jefe de Inteligencia del Batallón Rayo, fue sorprendido por el Capt. ® Manuel Bravo, funcionario de seguridad de Chevron, quien presionó para que firmara un informe para “suspender la diligencia”, el mismo que le fue entregado al Juez Efraín Novillo, quien cayó en el engaño y canceló la inspección judicial.
En la investigación realizada por el Ministerio de Defensa se estableció que no existieron argumentos reales de las acusaciones realizadas en contra de los Cofanes; que el informe de Inteligencia fue elaborado únicamente sobre la base de información proveniente de los funcionarios de Chevron y que nunca fue verificada o probada; que el funcionario de la petrolera hizo uso de su amistad para obligar a un miembro del ejército a elaborar el informe, lo que constituye abuso de confianza; y que los abogados de Chevron actuaron de mala fe al entregar el documento de Inteligencia al Juez de la causa, puesto que expresamente conocían que fue suscrito a título personal por el Mayor Arturo Velasco, quien se los entregó como documento “de uso interno.”