La primera resolución del pueblo Sarayaku en el  VII Congreso  Sumak Kawsay, que inició el pasado jueves 24 de abril, fue brindar protección al asambleísta Cléver Jiménez, el exsindicalista Fernando Villavicencio y a Carlos Figueroa, quienes fueron sentenciados por la justicia ecuatoriana por haber cometido el delito de injuria judicial, tipificado y sancionado en el artículo 494 del Código Penal con pena privativa de libertad de un año y medio.

La sanción impuesta es prisión  por un año y medio y multa de treinta y un dólares para Villavicencio y Jiménez, mientras que para Figueroa la prisión es de 8 meses, penas que deberán ser cumplidas en el Centro de Rehabilitación Social de Pichincha, según consta en la sentencia judicial firmada por la jueza Lucy Blasio.

Pese a esta disposición, los sarayaku han dispuesto “otorgar las garantías necesarias de seguridad y estabilidad, hasta que su situación se resuelva favorablemente y existan  garantías por parte del Estado”; por ello dejaron constancia de que brindarán el total respaldo y apoyo a los tres sentenciados.

Entre otros puntos contemplados en la resolución, están realizar un exhorto al Presidente de la República para que se cumpla la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); así como a los organismos de derechos humanos, comunidad internacional, entre otros, para que se solidaricen con los tres acusados, se resalta en el documento firmado por José Aguavil, presidente de la comunidad.

Sobre esto, tanto el Ejecutivo como el Legislativo decidieron desconocer las medidas cautelares que la CIDHdictó a favor de Jiménez, en las que se pedía desconocer la sentencia emitida por la jueza ecuatoriana por el delito de injuria.

El presidente Rafael Correa y la Asamblea coincidieron en que la Comisión no tiene competencias para suspender una orden judicial. Además, el Jefe de Estado afirmó que este es un tema que ha sido politizado.

Según un comunicado de los Sarayacu, firmado por Aguavil, se mantienen alerta porque existe una supuesta injerencia militar. “Como pueblo ratificamos la decisión sagrada tomada en el VII Congreso de Sarayaku y todo lo que ocurra en territorio Sarayaku será de responsabilidad del Presidente de la República y del gobierno. A partir de este momento el pueblo de Sarayaku se declara en alerta máxima”, dicen.