La orden de desalojo de dos camaroneras no regularizadas en Pedernales (Manabí)  ha generado la protesta de  la población, que ayer cerró  por varias horas las vías de acceso que conducen a los cantones San Vicente, El Carmen y Muisne.

Según reportes de la policía cantonal, las protestas iniciaron a la 01:00, en la madrugada del jueves,  cuando los manifestantes  acudieron hasta  los bajos del edificio municipal, rociaron gasolina y provocaron un incendio en una área cercana a la tesorería de la institución. 

El reclamo de los manifestantes se originó tras conocer la orden de desalojo que emitió el Municipio del cantón contra las camaroneras de propiedad de   Kléber Dueñas (25 hectáreas)  y Ramón  Vera (40 hectáreas) por no estar regularizadas. La orden debe ejecutarse el 28 de diciembre próximo.          

Carlos Barberán, productor de Pedernales, indicó que el  90% de la población de este cantón vive de la actividad camaronera. “Por eso reaccionan de esta forma, porque están preocupados de que se inicien los desalojos y pierdan su fuente de trabajo”, mencionó.

Productores en alerta

La medida  también alertó a los productores camaroneros del país, quienes rechazaron los desalojos tras denunciar que la regularización del sector ha sufrido trabas debido a la falta de acuerdos entre las autoridades   de las entidades estatales  involucradas en el proceso.

El Gobierno Nacional busca registrar las piscinas creadas hasta 1999 como un mecanismo para legalizar las camaroneras en producción. Para esto, el 15 de octubre de 2008 emitió el Decreto 1391 y dispuso el censo camaronero a cargo de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea) y los ministerios del Ambiente,  Agricultura y Patrimonio. 

El proceso de regularización culminó el pasado 21 de noviembre, pero los  camaroneros que no pudieron cumplir el trámite afirman que les cambiaron varias veces las reglas.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Acuacultura, José Camposano,  explicó que  durante los tres años se legalizaron solo 11 mil de las 44 mil hectáreas (ha).

Camposano afirmó que el proceso de regularización ha sido “irregular” y que inició dejando afuera a 442 camaroneros  con más de 30 años trabajando en esta actividad, pero que al momento de la promulgación del decreto tenían sus contratos vencidos.

Camposano señaló que muchos de estos productores tuvieron que superar los problemas como la plaga de la mancha blanca, que no les permitió renovar el acuerdo.

“A lo  largo de estos tres años el sector ha abogado ante las autoridades para buscar una forma de regularizar a este grupo, pero no hay una solución”, mencionó.

También indicó que la única alternativa que les han dado es la que está amparada en el reglamento de la Ley de Pesca, que dicta a la autoridad levantar el expediente y proceder con la reversión de la concesión, lo que supone para el camaronero pagar entre $ 12 mil hasta $ 20 mil por ha para renovar ese acuerdo. Pero considera que “esa situación es negativa para un camaronero que no tiene esa capacidad de pago”, indicó.

Camposano enfatizó que uno de los problemas que ha ocasionado las trabas en el proceso ha sido el continuo cambio de las autoridades y las controversias que existen entre  la Dirnea  y los ministerios de Ambiente  y Patrimonio.

Ante esto, el sector teme que las órdenes de desalojo se hagan extensivas a las 442 camaroneras, con una extensión total de 12.866 hectáreas,  que no han podido regularizarse  por tener los acuerdos caducados. Estas se encuentran distribuidas  en las  provincias de: El Oro  (2.890 ha); Guayas (5.635 ha); Manabí (3.040 ha); Esmeraldas (1.188) y Santa Elena  (111 ha).

Oswin Crespo, presidente de la Cooperativa de Productores de Pedernales, plantea al Gobierno que se convoque a un diálogo con todos los sectores involucrados con la regularización del sector camaronero para llegar a una solución definitiva.