Autoridades gubernamentales alertaron ayer sobre los presuntos intentos para generar malestar entre los miembros de la Fuerza Pública y así desestabilizar la democracia. Se refieren a un supuesto proyecto de ley que pretendería unificar los seguros sociales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y que circuló  extraoficialmente entre su personal.

José Serrano, ministro del Interior, negó rotundamente que el Gobierno haya elaborado dicho documento y calificó como “conspiración” a la difusión de esos “pasquines” en los cuarteles y a través de correos electrónicos. “Ese tipo de patrañas lo que pretende es, en primer lugar, ganar los votos de las Fuerzas Armadas y la Policía; y, en segundo lugar, desestabilizar la democracia”, destacó.

Insistió en que no se trata de una mera propuesta o contradicción de campaña, sino una conspiración directa en contra del proceso electoral y de la democracia. “Lo que hacen es ratificar que hay conspiradores a sueldo con recursos del pueblo como asambleístas y en cualquier otra función”, señaló, sin precisar nombres ni los sectores que estarían detrás de eso.

Rechazó la difusión de esos “panfletos” y advirtió que, de ser necesario, iniciarán  acciones legales para investigar e identificar a los “inescrupulosos” que quieren utilizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía con fines particulares.

Junto a los ministros de Defensa, María Fernanda Espinosa, y Desarrollo Social,  Richard Espinosa, y acompañado por los altos mandos de la Policía y Fuerzas Armadas, en cadena nacional Serrano reiteró que el supuesto proyecto de ley no existe: “Es un pasquín con otra de las mentiras y farsas de quienes quieren tomarse el país por la fuerza y la violencia. Insistimos: no existe el documento que circula, el mismo que nunca ha sido puesto a consideración  de los ministros y menos aún en conocimiento del Presidente de la República. Basta ya de engaños”.            

También señaló que el Gobierno hizo los desembolsos respectivos para cumplir con la homologación de las compensaciones a los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas. “Este proceso se viene fortaleciendo dentro de un concepto y manejo técnico... Las dos instituciones han sido beneficiarias de una inversión pública sin precedentes, para mejorar las condiciones de vida y de servicio de todos sus integrantes”, concluyó.

Los ministros de Defensa, María Fernanda Espinosa; de Coordinación de Desarrollo Social, Richard Espinosa; y los altos mandos de la Policía y Fuerzas Armadas también hicieron ayer un pronunciamiento en cadena nacional de radio y televisión para rechazar la difusión de tales rumores.

En su intervención, Richard Espinosa ratificó que no se unificará al IESS con el  Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL). “Proponemos continuar la articulación de la política de seguridad social como hemos hecho hasta ahora. No se dejen engañar por personas de oposición que, por querer ganar un voto, son capaces de desinformar y tratar de generar caos en los afiliados, las FF.AA. y la Policía”.

La ministra de Defensa y presidenta del Consejo Directivo del ISSFA, también  subrayó que sus esfuerzos están dirigidos a que los 39 mil miembros cotizantes y los más de 246 mil beneficiarios obtengan prestaciones de calidad, con beneficios sustentables, eficientes y solidarios.

Explicó que el aporte del Estado para financiar el 60% de las pensiones y los aportes entregados a través de la transferencia de empresas rentables, contribuye al sostenimiento del Fondo de Retiro, Invalidez y Muerte, y garantiza el pago mensual a los pensionistas. Por ello, hizo un  llamado para no caer en rumores infundados aprovechando la coyuntura electoral.

Rumores y pasquines también circularon días previos a la sublevación policial del 30-S

La declaración conjunta transmitida ayer por las principales autoridades civiles, militares y policiales del país  se realizó con el fin de evitar que la desinformación genere malestar entre los uniformados, según publicó la agencia pública de noticias Andes.

Fuentes gubernamentales coincidieron en recordar que el detonante para la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010 fue la desinformación al interior de las Fuerzas Armadas y Policía sobre la Ley de Servicio Público. Entonces, el Gobierno identificó a un sector de la oposición como el responsable de difundir    rumores sobre un supuesto perjuicio a los uniformados con el fin de desestabilizar la democracia.