En torno a la concesión de la telefonía celular giran algunas interrogantes, desde la suscripción del primer contrato en  noviembre de 1993, cuando se suscribió el contrato con las operadoras Otecel y Conecel, durante el período de Sixto Durán-Ballén.

El contrato de concesión, para un período de 15 años, establecía altos índices de rentabilidad para el Estado, pese a que en aquel momento hubo voces que auguraban el fracaso del negocio por sus altos costos, pero en el corto plazo muchos adquirieron el novedoso servicio.

Cuando se suscribió el contrato, los accionistas de Otecel eran empresas privadas y medios de comunicación, como   El Comercio, El Universo, Ecuavisa, Metro Guayaquil, McCaw Cellular Communication e Internacional de Negocios (de origen desconocido). De Conecel eran Univempro S.A. (cuyo accionista mayoritario era el Banco Amazonas,   propiedad de Simón Parra), el Grupo Iusacell con sede en México, Telecel S.A., Diners Club, del banquero Fidel Egas, empresarios que se desvincularon de las telefónicas un año después.

Por la concesión, las operadoras debían pagar al Estado los valores más altos según dos métodos de cálculo: el Mínimo Anual Garantizable (MAG), que consistía en fijar un monto anual por cada año de concesión según el número de abonados, o pagar un porcentaje de los Ingresos Brutos Anuales (IBA), que crecería cada año (en 1995 sería de un 4% y en 2008 del 70%).

Una investigación publicada por El Telégrafo el 23 de noviembre pasado reveló que el contrato fue renegociado en 1996, cuando el negocio crecía aceleradamente, para llevar a valor presente el costo de la concesión para los próximos 12 años. El entonces presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Carlos Manzur, estableció un monto de $ 53 millones para cada operadora.

En 2006, durante el gobierno de Alfredo Palacio, el Conatel empezó a negociar la renovación del contrato de concesión con Otecel y Conecel, vigente hasta 2008.

Los diálogos entre las operadoras y el Conatel, entonces presidido por Juan Carlos Solines, se desarrollaron por más de un año, siendo el punto más álgido la valoración de la concesión para los próximos 15 años (hasta 2023).
Para ello, el Conatel contrató a la consultora peruana Latin Pacific, cuyo informe estimó un monto de $ 60 millones   para un negocio que en 2006 tenía más de 8 millones de abonados y planes de expansión del negocio.

Durante las negociaciones, en agosto del mismo año, el Conatel resolvió aprobar la concesión de un segmento del espectro radioeléctrico en la frecuencia de 1900 MHz (megahercios) a favor de la Otecel (Movistar) y Conecel (Porta).
Con la concesión de la nueva frecuencia las telefónicas fueron autorizadas para incorporar a su oferta de servicios la transmisión de datos (Internet móvil), a más de las llamadas telefónicas y el intercambio de mensajes de texto.

En plena expansión de la telefonía móvil, el Conatel exigió el pago de $ 4,4 millones por la concesión de la banda, frente a un negocio que entre 1993 y 2008 generó $ 7.500 millones de ingresos. Esta decisión fue cuestionada y en diciembre del mismo año un grupo de ciudadanos interpuso una Acción de Amparo Constitucional, ante el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil, para evitar su aplicación.

El argumento era que se había modificado el objeto del contrato de concesión que los habilitaba para prestar el servicio de telefonía celular, mas no para la transmisión de datos, pues implicaba concesionar otra banda del espectro radioeléctrico. Con la demanda se pretendía dejar sin efecto la resolución del Conatel, a fin de que la banda de 1900 MHz se someta a una nueva licitación pública, que permita el ingreso de nuevas operadoras.

Sin embargo, la Sala negó el recurso por considerar que no se violó ninguna norma constitucional ni se generó perjuicio alguno, con lo cual las operadoras quedaron habilitadas para prestar los nuevos servicios. En aquel momento, la estatal Telecsa (Alegro) ya había ingresado al mercado y pese a que ofrecía las tarifas más bajas del mercado no logró posicionarse frente a sus  competidoras.

Desde 1993, se estima que el Estado perdió más de $ 4.477 millones por la deficiente negociación con las telefónicas.
Con el nuevo contrato, suscrito en 2008, las condiciones cambiaron y se estima que hasta 2023 las operadoras pagarán alrededor de $ 1.200 millones.