La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) debió rescindir el contrato con Globalnet S.A. no solo por incumplimientos técnicos sino porque descubrió que el consorcio boliviano no construyó ni un solo local y, al contrario, subcontrató la administración de cabinas telefónicas y de internet para no invertir en la edificación, operación y administración de los 1.120 telecentros y estaciones remotas que debía instalar en el Ecuador.

Esa fue otra causal de incumplimiento del contrato que firmó el 4 de septiembre de 2006 Globalnet  (conformada por el Consorcio Únete Telecomunicaciones S.A. y Clay Pacific S.R.L. de Bolivia), y el ex presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Juan Carlos Solines Moreno, en la notaría de su madre, Ximena Moreno, por la suma de $ 11’573.478,76.

La compañía finalmente se marchó del Ecuador para no pagar al Estado una indemnización de $17’182.753,40 por daños y perjuicios, como resolvió la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito. Tras ello, el 12 de diciembre pasado la justicia dictó el mandato de ejecución de sentencia y  ordenó a Globalnet pagar o dimitir bienes por la suma señalada. Sin embargo,  para ese entonces la empresa ya había abandonado el país con la ayuda de abogados ecuatorianos, entre ellos, el penalista Jorge Zavala Egas.

Nuevos documentos a los que tuvo acceso El Telégrafo revelan que Globalnet firmó subcontratos con presidentes de juntas parroquiales y directores de escuelas y  colegios de sectores rurales y urbanomarginales. Debía instalar 746 estaciones remotas y 374 telecentros en locales propios, pero apenas dotó de computadoras, teléfonos y antenas a 567 localidades (ver gráfico).  

A los mismos habitantes de las zonas rurales y urbanomarginales  los nombró “administradores” de los telecentros y estaciones remotas, pero jamás les dio capacitación o sueldo. Tampoco destinó un porcentaje del cobro de tarifas del servicio telefónico y de internet a las parroquias y comunidades para hacer sostenible el proyecto. “Cayeron en la ilegalidad de suscribir subcontratos sin sustento económico y técnico. A los líderes parraquiales, Globalnet solo les dio responsabilidades y no beneficios. Incluso, les obligaba a pagar por los equipos en caso de daños o robos, lo que más bien era responsabilidad del consorcio”, dijo una fuente de la Senatel que pidió no ser citada.

Convirtieron a los presidentes de las juntas parroquiales en agentes de cobro al servicio gratuito de Globalnet. No los dotaron de un componente de sostenibilidad y capacitación, por ejemplo, en el manejo de computadoras y programas, tampoco suscribieron acuerdos con universidades para enseñar computación a los habitantes más pobres y con ello tratar de reducir la brecha digital que afectaba al Ecuador.

Representantes de Globalnet no construyeron locales propios, sino que visitaron a líderes parroquiales, dirigentes comunitarios y autoridades de centros educativos. A ellos les convencían de destinar un local para dotarles de computadoras, centrales telefónicas, antenas parabólicas y servicio de internet.

Una vez conseguido el local, Globalnet colocaba palos en las terrazas, techos o paredes, en donde instalaba las antenas parabólicas, que con el viento se movían y se perdía la señal, o se caían y se dañaban, tras lo cual dejaban de funcionar.

Técnicamente la obligación contractual de Globalnet era colocar soportes metálicos o torres pequeñas para sostener adecuadamente tales antenas. Sin embargo, no invirtió en aquello con el fin de abaratar costos, pese a que el Estado ecuatoriano le entregó $ 1’037.500 correspondientes al 25% de los $4’150.000 acordados como compensación por ejecutar el proyecto.

Globalnet jamás envió un técnico para solucionar esos y otros problemas, pese a que los afectados le remitían oficios a las oficinas en Guayaquil. Por ejemplo, Margoth Jaramillo, administradora del telecentro No. 867 de la parroquia Pifo (Pichincha), el 14 de abril de 2008 le escribió al gerente de operaciones de la empresa (ver facsímil): “El telecentro que se halla a mi cargo no cumple con las expectativas propuestas por el problema de enlace a la central principal, ya que la mayor parte del tiempo la conexión es difícil y tenemos que pedir a (los técnicos en) Guayaquil que revisen o activen el telecentro, incurriendo en grandes gastos en llamadas telefónicas, ya que las llamadas desde las cabinas solo pueden realizarse a celulares y no a convencionales”.

Le indicó que por esas razones los clientes que acuden a ese telecentro no han sido bien atendidos, lo que ha generado malestar, que no vuelvan al lugar y prefieran ir a telecentros de las operadoras Claro (ex Porta), Movistar y Alegro.

Por esos inconvenientes técnicos y la ola delincuencial que afectaba a Pifo (los centros se convirtieron en blanco de asaltos y robo de computadoras), Jaramillo reclamó: “Esto para nosotros es una gran pérdida y como nuestro local está ubicado en la calle principal, necesitamos habilitarlo para que sea rentable”, por lo que solicitó la desactivación de ese telecentro y el retiro de los aparatos. Esto jamás ocurrió y las máquinas siguen allí.

La fiscalizadora de la Senatel, Flor Chancay, entre abril y mayo de 2008 verificó que, por ejemplo, se instalaron cabinas en zonas en donde, incluso, no había servicio eléctrico, y que un 92% de los 164 telecentros y estaciones remotas visitadas no disponían de la licencia del software y menos de  soporte, mantenimiento y capacitación técnica por parte de Globalnet.

FALLAS TÉCNICAS

Una auditoría de la Senatel identificó los incumplimientos de Globalnet:  

En todas las localidades los equipos instalados no cumplen con las especificaciones técnicas del contrato.

Ninguno de los equipos de computación presenta las licencias de Software para su respectiva operación, según lo establecido en la cláusula nueve del contrato.

En telecentros y estaciones remotas se instalaron equipos multifunción que no se ajustan a lo ofertado y contratado, ya que debían ser tres equipos independientes: copiadora, scanner e impresora.

Hay PC conectadas a un mismo regulador de voltaje y en ningún PC hay tarjetas multimedia con salidas de audio y video.

Las tarjetas de audio, video y red están incorporadas en la placa madre, las mismas que no corresponden a lo ofertado.

Globalnet no entregó jamás los diseños de la construcción de telecentros y los planos de la red de área rural y de la red eléctrica.

La instalación de antenas VSAT en muchos casos fue de forma antitécnica.

Los establecimientos no reúnen condiciones de climatización y seguridades físicas.

No se cumple con la capacidad de ancho de banda mínima de 256 Kbps de downsstream y 128 Kbps de upstream.

“SE HA IRROGADO UN GRAVE PERJUICIO AL ESTADO ECUATORIANO”

En la mayoría de casos, Globalnet no construyó ni prestó servicios de telecomunicaciones y en donde sí lo hizo, algunos telecentros nunca funcionaron y otros operaron apenas 3 o 6 meses, dijo Patricio Valenzuela, del Departamento Jurídico de la Senatel.

En junio de 2008 el Conatel dio por terminado el contrato, pero Globalnet asegura que quien incumplió y le hizo perder dinero fue el Estado. Por ello, exige una indemnización de $ 32 millones en base al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Jaime Guerrero, ex secretario de Telecomunicaciones y actual ministro del ramo, en la demanda que interpuso contra Globalnet a nombre del Estado, dijo: “Se ha irrogado un grave perjuicio al Estado al privar a la población de menores recursos de un servicio público importante..., financiado en parte con préstamo del Banco Mundial”.