“Eduardo Granda solicitó y obtuvo préstamos del Banco Pichincha firmando con su puño y letra los documentos para garantizar sus obligaciones de crédito, bienes que antes ya se encontraban hipotecados o prendados a favor del banco. No cumplió y es a pedido expreso de él que se aceptó como abono a sus deudas una dación en pago”, destaca parte de la carta réplica de esa entidad crediticia de Fidel Egas, remitida a este diario, cuya última parte se publica hoy (ver subnota).

A través de la carta, Antonio Acosta Espinosa, presidente adjunto de Banco Pichincha, indica que de parte de Granda recibieron bienes de difícil realización, pero que constituían la única forma posible de pago del mencionado deudor. “Granda y sus empresas llegaron a un monto total de endeudamiento de $ 17’350.357,00. Banco Pichincha aceptó que se fije el precio de los derechos fiduciarios dados en pago, en $ 10’428.002,00, pese a que el valor acordado previamente entre las partes -sobre dichos bienes- era de $ 9’614.780,00”, añade.

Este diario se basó
en providencias judiciales, auditorías, informes de peritos y  expedientes fiscalesSegún el banco, Granda aún les adeuda y, por ello, está en trámite un juicio de insolvencia en su contra, “en el que se ha demostrado que existe fraude, pues Granda transfirió acciones de una empresa suya cuando ya existía mandamiento de ejecución. Está en trámite un juicio de colusión en su contra”.

A decir de la entidad crediticia, desde 2006 y hasta ahora, Granda ha realizado varias “disparatadas y ofensivas denuncias” en contra de exsuperintendentes de Bancos, Banco Pichincha y sus directivos y principales funcionarios.

Sin embargo, en sus denuncias Granda aduce que el cambio de las reglas de juego en los préstamos habría hecho que termine cancelando: intereses superiores a los legalmente permitidos, capitalización de intereses e intereses sobre intereses. Banco Pichincha, supuestamente violando la normativa contractual, crediticia y legal, absorbió los bienes dados en garantía en el “Fideicomiso Mercantil Granda Garcés”, pagándole valores “ínfimos”.

Abel Castillo advierte

A lo largo de las publicaciones respecto al tema, este diario ha señalado que las notas se ampararon en providencias judiciales, expedientes fiscales, informes de peritos y auditorías de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS).

Sin embargo, Banco Pichincha reclama por qué se ha recabado solo la versión de Granda y no la suya. Desconoce que Granda recién fue entrevistado el 3 de julio pasado. Su abogado (Patricio Morales) llamó a concertar una cita tras leer las notas y de ello existe el registro de llamadas telefónicas del día anterior.

Banco Pichincha cree que al tema se le ha dado el “tratamiento de un remitido o publirreportaje...”Antes de publicar la entrevista a Granda, el 8 de julio, este diario buscó  entrevistar también a Acosta, pero Abel Castillo, vicepresidente de Comunicación del Banco Pichincha, contestó vía correo electrónico: “Dejamos constancia de su solicitud de entrevista que apenas se realiza hoy, 8 de julio, luego de que diario El Telégrafo presentara dos grandes publicaciones sobre el tema en mención los días 1 y 2 de julio, esto es hace exactamente una semana. Su solicitud demuestra claramente que no fuimos consultados con anticipación a esas publicaciones y es solo ahora, luego de la carta-réplica escrita con posterioridad a sus versiones, que se sirven consultar nuestro criterio y buscan contrastar lo aseverado por Eduardo Granda...”.

Y va más allá al advertir: “Le anticipo por ello que esta solicitud la haremos constar y adjuntaremos como una prueba más de la actuación de El Telégrafo en la queja que estamos preparando para presentar ante la Superintendencia de Comunicación, que deberá juzgar la actuación del medio”.

“Por lo demás, es poco lo que podemos añadir una vez que nuestros descargos están contenidos en la referida carta, enviada por el presidente adjunto de Banco Pichincha, Antonio Acosta, al director de El Telégrafo, Orlando Pérez, el viernes anterior (5 de julio), y luego de que ya se han producido diversos y muy claros pronunciamientos de las autoridades judiciales y de control sobre las pretensiones de Granda; pero estaremos atentos a todos los juicios de valor y violaciones legales que pueda realizar El Telégrafo en sus futuras publicaciones -sobre este mismo caso- para responderlas e incluirlas en nuestro reclamo administrativo” (ver facsímil). Tras esa negativa, recién el 9 de julio se publicó la entrevista a Granda, junto a la II parte de la carta-réplica.

RESPUESTA DE LA REDACCIÓN

En cumplimiento de la Constitución y la Ley de Comunicación publicamos la carta recibida a las 18:30 del viernes 5 en Quito, dentro de las 72 horas que dispone la Ley.

DERECHO A LA RÉPLICA: CARTA ÍNTEGRA ENVIADA POR BANCO PICHINCHA