Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el segundo debate al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, a través del cual se pretende eliminar la prisión de los abuelos por la no cancelación de las pensiones, son dos de las prioridades de la Asamblea Nacional para los próximos días.

El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, admitió ayer que se  han definido lineamientos  sobre la agenda de trabajo de los legisladores.

Reveló que otra de las prioridades es posibilitar la consulta prelegislativa sobre la Ley de Aguas. “Se aspira hasta antes del 9 de octubre poder aprobar esta ley y  para el 15 tener la primera consulta prelegistativa”, dijo.

Cordero espera este miércoles convocar a una reunión de los jefes de las diferentes bancadas para tratar la Ley de Aguas y disponerla   para el debate de la próxima semana.

La Ley de Comunicación también se encuentra en la agenda del Parlamento y,   explicó, tiene dos informes, uno anterior a la consulta del 7 de mayo y el segundo que es un ademdun al primero.

“La ley reitera nuestra Constitución que garantiza la libertad y establecerá cual es la responsabilidad ulterior de quien la viola”, indicó.

Con respecto a las reformas penales que se derivan de la consulta popular, comentó que tras un acuerdo con la Comisión de Justicia, presidida por Mauro Andino,  “todas quedarán aprobadas antes que termine este año”.

Y anticipó que también están prestos a tramitar las reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que el Ejecutivo anunció que la enviará  en  pocos días.

Consultado sobre el Decreto Ejecutivo expedido, la semana pasada, por el presidente de la República, Rafael Correa, a través del cual declara en estado de excepción a la Función Judicial, el titular de la Legislatura defendió la vigencia de esta norma legal.

Explicó que durante el estado de excepción según el Art. 165, el Presidente puede utilizar fondos públicos para la reestructuración de la justicia. “El consejo no tiene fondos para poder cumplir en los 18 meses con toda la reforma, hay que movilizar los recursos. El Presidente no puede sin ese estado mover los fondos”, indicó.

Según la posible intención de revocar el mandato de ciertos asambleístas de oposición, indicó, que solo se dará paso a ese trámite si se tiene fundamentos coherentes y si se  consigue los 63 votos como manda la Ley Orgánica de la Función Judicial.