Al cumplir dos años de vigencia, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad) ha logrado varios de los cambios estipulados, aunque aún hay pendientes.

Durante décadas en Ecuador se había debatido sobre la descentralización mediante normas, instituciones, planes y proyectos. Pero recién  en 2008 se dio un paso real en esta vía al expedirse  la Constitución de Montecristi.

El 19 de octubre de 2010 se aprobó el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad), que instrumentó los enunciados de la Carta Magna. El flamante cuerpo legal  creó, derogó, reformó y agrupó una decena de normas y lineamientos sobre  descentralización.

Para la implementación de esta norma se  creó el Consejo Nacional de Competencias (CNC), que  basa su labor en el Plan Nacional de Descentralización 2013-2015 (PND).

En 2012 ese organismo transfirió las competencias de  tránsito, riego y drenaje y cooperación internacional. Para 2013 está previsto hacer lo propio con fomento productivo, mantenimiento vial y bomberos.

En la gestión concurrente de competencias se trabaja en forestación y reforestación. Después vendrán  las áreas de sectores estratégicos: dragado, relleno sanitario y limpieza de fuentes fluviales.

Según el secretario del CNC, Gustavo Bedón, el modelo de descentralización anterior era excluyente y “no estaba basado en las necesidades de la población, sino en el clientelismo, la presión política y la voluntad de cada cacique local, que negociaba directamente”.

El funcionario agrega que actualmente el proceso es incluyente, solidario, integral, consensuado. “Ahora se acuerda y se toman decisiones entre los representantes del Ejecutivo y de los GAD elegidos democráticamente en el CNC”, manifiesta el funcionario.

Los representantes en el CNC son Fander Falconí, por el Ejecutivo; Jorge Martínez (gobiernos municipales); Gustavo Baroja (provinciales) y Hugo Quiroz (parroquiales).

Actualmente los recursos se distribuyen según criterios técnicos como la densidad poblacional, las necesidades básicas insatisfechas o el logro de planes y proyectos de cada gobierno seccional.

Participación en finanzas

Gracias a estos cambios, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ahora acceden al 21% de los ingresos permanentes y 10% de los no permanentes del Presupuesto General del Estado, en forma automática y directa por parte del Ministerio de Finanzas.

Con el propósito de que todos los gobiernos puedan asumir  las competencias tomando en cuenta sus capacidades,  el PND está contemplado hasta 2015. 

Bedón acepta que se deben suprimir alrededor de siete tributos que tienen los gobiernos seccionales ya que representan solo trámites y no ingresos efectivos. “Creo que en el Cootad existe una dispersión en el tema tributario, pero eso es parte del desarrollo normativo; en una segunda fase se podría revisar esto”, indicó.

“Todos los ciudadanos y los GAD son parte del Estado. Ahora se ha incluido a los sectores antes excluidos. Luego de un año de asumida una competencia se irán midiendo los resultados”, expresó.

Por su lado Pabel Muñoz, subsecretario de Democratización del Estado  de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), señala que el cambio en cuanto a la descentralización ha sido inmenso gracias a  principios como  la equidad, solidaridad, subsidiariedad,  asignación de recursos solo si se asumen competencias ya que estas no se puedan desarrollar sin los fondos respectivos.

“Uno de los mayores méritos del Cootad ha sido crear una institucionalidad establecida por la Constitución y que funciona. El CNC ha emitido 22 resoluciones desde febrero de 2012, todas por unanimidad. Se ha cumplido con el traspaso de competencias, se han creado nuevas y se ha empezado a controlar la ejecución de estas”, afirma.

El funcionario agrega que  ahora hay más capacidad de diálogo entre las autoridades inmersas en la descentralización ya que todos se dan cuenta de que del Estado y del Gobierno se emana la vocación descentralizadora mediante hechos.

Entre los retos pendientes para 2013 están un mayor control de la aplicación de las competencias y que las autoridades seccionales asuman con mayor responsabilidad.