El pasado 25 de mayo, Ivonne Baki, jefa del equipo negociador de la iniciativa Yasuní ITT, se entrevistó con el secretario del Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Pascal Canfin, con el propósito de darle a conocer el estado en el que se encuentra la propuesta.

Y es que Francia es uno de los países comprometidos con el proyecto ecuatoriano. En febrero entregó 134.000 dólares para dejar el crudo bajo tierra.

La misión de Baki radica en difundir el proyecto, una vez que, en diciembre pasado, el presidente de la República, Rafael Correa, resolvió extender el plazo para recabar más aportes y así evitar el Plan B, que es explotar los campos petroleros del ITT, pero con un manejo responsable del medio ambiente.

Las contribuciones son administradas por el PNUD, a través de un fideicomiso. Sin embargo, el fondo es gobernado por el Comité de Dirección, presidido por un representante del Gobierno.

El comité cuenta con seis miembros, cada uno con derecho a un voto: tres son representantes del Gobierno (Ministerio Coordinador de Patrimonio, que lo preside;  Ministerio Coordinador de Recursos Estratégicos y la Senplades); dos delegados de los gobiernos contribuyentes y un representante de la sociedad civil ecuatoriana.

Este último sitial lo ocupa Manuela Ima, dirigente waorani, o su alterno Geovanny Rivadeneira. El PNUD es miembro de oficio.