Naranjal pasó, en 72 horas, de la algazara por el Festival del Cangrejo del domingo pasado -que congregó a más de 10.000 turistas- a la indignación y tensión, por una orden de embargo extendida por el juez Ángel Cojitambo Sandoval, de El Empalme, la que fue inscrita en el Registro de la Propiedad de Naranjal. El documento determina que el 49% del territorio del cantón será rematado.

Aunque la decisión jurídica fue suspendida la tarde del miércoles y la irritación ciudadana se mantiene, el movimiento comercial no ha disminuido en este cantón guayasense.

El miércoles al mediodía las calles lucían llenas de vendedores y de gente que realizaba sus compras. En los parques los niños jugaban y los estudiantes se tomaban fotos.
Karla Soledispa, por ejemplo, alumna del colegio 7 de Noviembre escuchó del embargo y que su familia le ha dado poca importancia porque están seguros de que la situación se va a arreglar.

A Román Rivas, en cambio, sí se lo notaba preocupado. El hombre de 77 años dice que el decomiso es cosa  de Ripley. Cuenta que su casa no está dentro del territorio en litigio pero que tiene familiares y amigos en la zona. “Yo pregunto,  antes del viernes pasado, día en que la mayoría de pobladores se enteraron de la resolución, quién conocía al señor Héctor Malta, el beneficiario en caso de realizarse el remate. Creo que la decisión (el embargo) se adoptó desconociendo que se trata de una zona poblada o tal vez alguien quiere únicamente beneficiarse”.

Entre los habitantes naranjaleños, Malta ganó notoriedad recién el viernes pasado cuando circularon los rumores del embargo que incluye 1.256 hectáreas en las que se levantan 27 lotizaciones y 43 bienes del Estado entre los que destacan un cuartel de la Policía, hospitales, colegios, parques y mercados. “En total, 6.063 predios”, reconoce Víctor Chóez, jefe de Avalúos y Catastro del Cabildo.

Luis Pantaleón, un cerrajero que tiene su taller en la zona afectada,  no siente temor. Levanta los brazos y asegura que el pueblo está en pie de lucha. “Yo no me voy a dejar quitar mi casa. Es el esfuerzo de 30 años de trabajo. ¿Por qué los dueños de estas tierras no reclamaron con tiempo?”.

El malestar se nota cuando se le pregunta a la gente sobre la medida judicial. Muchos coinciden en que si no pasara eso, los pobladores se dedicarían a sus actividades diarias sin complicaciones.

El alcalde de Naranjal, Marcos Chica, asegura que como el registrador de la Propiedad es un ente autónomo, les tocó (como Concejo) sugerir a esta entidad que deje sin efecto la inscripción del embargo.

El proceso judicial inició en 2004 en el cantón El Empalme, recuerda Chica, por una deuda impaga que tenía el terreno. La versión la corrobora  Felipe Dau, procurador síndico municipal. Él asegura que los herederos de quien en 1895 poseía el título de propiedad de aquellas 1.256 hectáreas inscribieron en el Registro de la Propiedad de Naranjal una Posesión de Acción Efectiva, tramitada en una notaría de Milagro.

En septiembre de ese año vendieron ese derecho a Ramón Mendoza Pereira. “Este trámite  se inscribió en el Registro de la Propiedad. Pero él aparentemente no cumplió con el pago de 5 letras de cambio de $ 500.000 cada una y la entrega de una camioneta. Eso es lo que intentan cobrar con un predio que tiene escrituras que datan de 100 años. “Ya no existe código catastral de ese bien y el que hubo apareció en 2004, pero se le dio de baja recién en 2015, porque estaba sobre terrenos en donde habitan cientos de personas”, explicó el burgomaestre.

Eddy Morán tiene 41 años y desde hace 20 se dedica a soldar partes de vehículos. Para él, el fallo judicial que podría poner en riesgo su casa lo tiene sin cuidado. “Somos gente humilde pero vamos a luchar por lo nuestro. Hace 30 años estas calles estaban llenas de polvo y lodo y ahora se acuerdan de reclamar”. (I)