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El Telégrafo
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Alumnos de la Católica piden borrar el historial de crédito

Alumnos de la Católica piden borrar el historial de crédito
18 de agosto de 2011 - 00:00

Mañana, a las 09:30, se realizará la audiencia por la acción de protección interpuesta por tres estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG).

La querella  continúa porque a pesar de  que    3.750 alumnos ya han salido de la Central de Riesgos, según Fernando Rosero Rohde, representante de los demandantes, solo a 1.500 personas de este grupo  se les borrará  el historial crediticio.

Aquiles Rigaíl, asesor jurídico de la institución, dice que la UCSG nunca obligó a los estudiantes a sacar una cuenta en el banco.

Añade que el convenio es para dar liquidez a la universidad, que ha llegado a tener deudas por tres millones de dólares que la obligaban a firmar sobregiros bancarios para pagar a los proveedores y maestros.

“Estamos en conversaciones para que se celebre un convenio por medio del cual los estudiantes desisten de sus acciones y la universidad de demandarlos por daño moral”, asegura el asesor.

Sobre el número de estudiantes que estarían en la Central de Riesgos por no pagar sus pensiones no se pronunció, pues  no conoce  estas cifras  que son manejadas por el Banco Pichincha, indica.

Este diario intentó comunicarse con la institución bancaria para conocer el número de estudiantes que pasaron por esta situación, pero no fue posible.

Sin embargo, en un comunicado previo  suscrito por el banco, la institución financiera acepta que firmaron este convenio con la UCSG, asumiendo el cobro de las pensiones y matrículas de 10.000 estudiantes y entregando por adelantado el monto.

Señalan que al aceptar la tarjeta de crédito con cupo los estudiantes se convertían en clientes del banco “empezando a construir su historial crediticio en la Central de Riesgos”.

Abraham Bedrán, presidente de la Federación de Estudiantes, señala que cuando los representantes estudiantiles se reunieron con los funcionarios del banco, estos últimos les aseguraron que no irían a la Central de Riesgos si no pagaban las pensiones. “Ahora que tres compañeros han presentado la acción de protección, como federación, los apoyamos”, expresa el representante estudiantil.

Cecilia Herrera, estudiante de Derecho, agrega  que tres  de sus 15 compañeros se encontraban en la Central de Riesgos por no haber cancelado su deuda. “Me  dijeron  que debí sacar la cuenta cuando ya estaba matriculada”, recuerda.

Añade también que  cuando se acercó al banco  encontró que ya tenía una cuenta abierta, aunque  ella no había autorizado.

Esta situación también la vivió Mónica Chávez, quien egresó de la carrera de Comunicación y Literatura este año.

“Yo tengo una cuenta personal en el banco, hace tres semanas se me perdió mi tarjeta de débito, cuando  me acerqué al banco me dijeron que tengo dos cuentas, una por la Universidad Católica”.

Ella señala que nunca se acercó al banco o a la universidad para ratificar que quería este servicio.

El asesor jurídico de la universidad  acepta  que sí pudieron haberse dado errores de comunicación al momento de poner en práctica el convenio. “Este proyecto nuevo puede ser  perfectible”, asegura.

Rosero, el abogado de Bladimir Reyes, Marlón Vera y Carlos Villagomez, dice que legalmente aún queda pendiente que se elimine el historial crediticio de los 2.250 estudiantes que sí habían aceptado abrir su cuenta, explica. “Les dijeron que era obligatorio”.

Para Rosero, el tener un historial crediticio en el que consten las deudas contraídas en años anteriores puede constituir un problema cuando los estudiantes en el futuro deseen solicitar un crédito.

La acción de protección también se presentó, dice Rosero, porque el banco debitó dinero de las cuentas que algunos estudiantes tenían en la institución. Se trataba de cuentas previas a la firma del convenio, asegura el abogado.

Augusto Espinosa, subsecretario general  de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), sostiene que este es un tema interno de la universidad .

Considera que los directivos de  ese centro de educación deben informar a los estudiantes que los pagos se hacen directamente al  banco y no a  la institución.

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