Parecería que ya hay dueños, gerentes propietarios y herederos ad infinitum de las transmisiones televisivas del campeonato ecuatoriano de fútbol.

Por lo que se lee y oye de las declaraciones públicas y de las que se comentan en privado, ha sido ese un terreno intocado, casi exclusivo de grupos empresariales coaligados no solo en el negocio de la televisión sino de otros en los que participan muy cómoda y amigablemente. Eso explica la reacción “en cadena” de directivos de fútbol, empresarios de la comunicación y periodistas de los medios comerciales.

 Lo de fondo: ¿los canales incautados y el público no suman la mayor audiencia televisiva de Ecuador? ¿No son ellos los que otorgan las condiciones, garantías y calidad para la transmisión y por eso se los escoge? ¿Quién ha dicho que por ser incautados no tienen la legitimidad para ese “negocio”? De hecho, habría que reiterar hasta el cansancio que los dos canales incautados se autofinancian y no reciben un centavo del presupuesto general del Estado. 

Lo que ocurre en realidad es que el conflicto democrático que vive Ecuador desde hace seis años y la disputa de poder real, que se desata entre aquellos actores empresariales acostumbrados a ser dueños de todo y una propuesta política, se expresan en todo lo que entrañe intereses económicos.

En la práctica se ha querido politizar el tema colocándolo como una conquista más del gobierno en su afán de controlarlo todo. Pero desde hace seis años del tema no se hablaba porque los “poderes fácticos” que lo controlan casi todo no fueron afectados por los derechos de transmisión. Y no olvidemos que el tema es un asunto de una entidad privada como es la Federación Ecuatoriana de Fútbol.