Se tejen tantos lugares comunes como “analistas” desinformados y desinformadores hay en estos días en Ecuador. Y el más fuerte de todos es que la justicia está tomada por el poder político (sinónimo de que el Gobierno la tiene en sus manos). Por ello se encargan de insistir sin recelo en que no hay independencia de poderes, que los jueces hacen lo que el gobernante ordena, que todos los fallos están hechos, etc.

La Función Judicial fue desde su nacimiento un botín político de todos los grupos corporativos, oligárquicos, empresariales y políticos. Incluso, un gobierno denominado socialdemócrata (uno de cuyos “líderes” ahora milita en la derecha, a órdenes de un ex banquero) ocupó por largo tiempo las más altas dignidades de esa función. Luego, como lo han publicado varios medios de la prensa privada y comercial, otro partido controló de frente y vía telefónica todas las decisiones, resoluciones y hasta sentencias a partir de lo que determinaba su líder, un ex alcalde guayaquileño.

Ahora, tras la veeduría realizada con la presencia del afamado ex juez español Baltasar Garzón, se concluye que el sistema judicial ha revolucionado todos sus procesos administrativos y los mecanismos para la gestión judicial. Desde su perspectiva, el “avance ha sido meteórico”. Y eso prueba que, por encima de los “análisis” y de los “comentaristas” -muy vinculados a la oposición, a todo lo que huela transformación y cambio en favor de la ciudadanía-,  la justicia atiende a todos, despacha las causas, mejora las condiciones de atención y de gestión, entre lo más importante. 

Claro que hace falta mucho todavía. Quizá se ha dado el paso inicial tras muchos años de estancamiento y abandono. Es necesario profundizar en la transformación a todo nivel para dar ese salto: la justicia para todos, ágil, oportuna y que no constituya un privilegio de pocos.