Todos dirán que lo ocurrido este viernes en Bolivia es prácticamente la reproducción de lo que vivimos los ecuatorianos, en particular los quiteños, el 30 de septiembre de 2010. Y sí. Es increíble que una fuerza armada, responsable de la custodia de la seguridad de los ciudadanos, cuyas armas son pagadas por el erario público, se levante, use esas armas para su beneficio y además, lo que no ocurrió acá, incendien todos los documentos de la Inteligencia de Bolivia.

¿Cuál era el propósito de ese incendio? ¿En qué cabeza cabe que los policías quemen documentos que son para su propio trabajo? ¿Acaso no resulta demasiado sospechoso aquello? ¿No será que ahí, en esos papeles está mucho de lo que ellos quieren ocultar y que no se conozca porque puede ir en su contra? ¿Es un acto demencial o muy razonable?

Obviamente que es inaceptable el uso de las armas, la agresión a quienes custodiaban las instalaciones y pretender que con eso ya, automáticamente, que sean atendidas sus demandas. ¿Qué haría la Policía, la de Bolivia o de cualquier otro país, si un grupo social demanda aumento de salarios y para ello va y quema los documentos de la entidad pública a la que corresponde atender? La propia Policía los reprimiría, encarcelaría y pondría en manos de la justicia. ¿Verdad?

Lo de fondo es otra cosa: esas fuerzas policiales, educadas y formadas en otra mentalidad, jamás van a aceptar que un Gobierno de orientación socialista les ordene, regule y controle. Siempre fueron y se asumieron como una fuerza armada autónoma y solo dependiente de cierta potencia extranjera. Quizá tuvieron el mal ejemplo de esos pocos policías ecuatorianos que ese fatídico 30 de septiembre optaron por el peor de los métodos.

Lamentable y penoso lo ocurrido en Bolivia, pero soberanamente sus autoridades sabrán resolver este conflicto de acuerdo a sus principios y leyes.