La historia es caprichosa y juega muchas veces con quienes desean atraparla, corregirla o acomodarla a sus modos y pensamientos.

Es muy entendible (pero no deja de ser extraño y hasta reprochable) que los líderes de la derecha ecuatoriana, en particular aquellas autoridades de Guayaquil que ahora hacen ‘homenajes’ a los ‘niños trabajadores’, no se hayan expresado en las fechas conmemorativas del llamado ‘bautizo de sangre’ de la clase obrera ecuatoriana. No lo han condenado ni han pronunciado su solidaridad.

El 15 de noviembre de 1922 ocurrió el hecho sangriento más patético causado por los oligarcas de Guayaquil: centenas de obreros que reclamaban mejores condiciones y salarios para sus labores fueron asesinados bajo el argumento de que ocasionarían daños a la propiedad privada y saquearían locales comerciales.

El régimen de Tamayo pidió a las autoridades militares que pusiera orden ‘cueste lo que cueste’ y eso hicieron: abrieron fuego a diestra y siniestra. Y algunos medios de la época solo replicaron la versión oficial. Salvo EL TELÉGRAFO, que  hizo lo que todo periodismo responsable debe: condenó el hecho, destacó las demandas obreras como lo que en realidad ocurría y no como una supuesta tropelía de bárbaros.

Ahora, 92 años después, la historia sigue reclamando a esos medios y a la derecha ecuatoriana la disculpa ante un crimen atroz. Y, paradoja de paradojas, en estos días se construyen monumentos al ‘trabajo infantil’, como si con ello se pudiera dejar atrás un estigma social.

Y también ahora, después del primer Código del Trabajo, elaborado en 1938, Ecuador debate si cabe una nueva normativa que incorpore los derechos alcanzados en la Constitución de Montecristi.

No olvidemos toda la resistencia que hubo para aplicar ese Código por parte de la patronal y toda la lucha desatada por sindicatos y dirigentes patriotas que desde 1938 defendieron las conquistas alcanzadas en esa legislación.

Una reforma al Código del Trabajo debe inspirarse en el 15 de noviembre de 1922, sin ninguna duda. Por ello, el debate y la reflexión deben centrarse en cómo armonizar las demandas de los trabajadores, por encima de los intereses del capital. Y, ¿por qué no?, también en desterrar toda forma de trabajo infantil, respeto a las mujeres y a su condición de madres, a las personas con discapacidad y a la organización sindical.

Un nuevo Código del Trabajo debe ser para fortalecer también la democratización de la representación obrera en sus sindicatos y comités de empresa. Incluso hay que imaginar otras formas para que la política pública en este sector profundice los derechos alcanzados y conciba otras formas de defensa para que el organismo rector, el Ministerio del Trabajo, sea sustento para las garantías de los trabajadores y no como un espacio de negociación solo de los empresarios.