Han pasado cinco años para que la Asamblea Nacional cumpla uno de los mandatos de la Constitución de Montecristi. Y aunque hay muchas explicaciones para el retraso, por la complejidad jurídica y operativa para su concreción, también es cierto que se cumple una de las demandas sociales postergadas, particularmente de las organizaciones vinculadas a los pueblos y nacionalidades.

Con este cuerpo legal se crean los Consejos Nacionales de Género, Intergeneracional, Pueblos y Nacionalidades, Discapacidades y de Movilidad Humana.

Evidentemente, con esto se apuntala y concreta una lucha de años para la protección y garantía de los derechos de las personas. Quizá también se abre un espacio de disputa política, pero con un alto grado de participación e inclusión.