En el orden de las siete preguntas que el Gobierno Nacional someterá a consulta popular en los próximos meses, la que se relaciona con la “muerte civil” en casos de corrupción es la número uno. La supresión de por vida de los derechos ciudadanos para los servidores públicos declarados culpables de ese tipo de delitos tiene un enorme impacto.

Ciudadanos y empresas corruptoras deben ser severamente sancionados, por eso es importante destacar que los dineros públicos obtenidos de contrataciones fraudulentas o con sobreprecio deben ser devueltos en su totalidad. Así fue expresado en el programa ‘Análisis urgente’, de la televisión pública, por el excontralor Alfredo Corral.

Para el exfuncionario y para muchos ecuatorianos, la pena privativa de libertad no debe extinguirse hasta que el corrupto no restituya al Estado todo el dinero obtenido ilícitamente. La sanción no solo debe ser penal sino también moral y en eso hay una coincidencia que va mucho más allá del color de una camiseta política. (O)