Por lo visto hasta ahora, el proyecto es más que cámaras y edificios. Supone una transformación en la misma forma de abordar la seguridad y la prevención. No se somete a un asunto policial y mucho menos se reduce al combate al delito. Se atienden incendios, accidentes, emergencias personales y coordina operativos cuando hay concentraciones o actos masivos. De ahí su importancia y su trascendencia.

Dejarlo como un simple instrumento de combate al delito habría sido responder a esas lógicas represivas que solo encuentran éxito cuando meten presa a la gente y necesitan de un ejército para impedir que alguien cometa un crimen.

De acuerdo a los datos oficiales, el sistema ECU-911 cubre el 54% del territorio de once provincias y este año se extenderá a todo el país. De ser así, por lo pronto, garantizaría dos elementales cosas que han sido motivo hasta de burla desde ciertos medios y actores políticos: la percepción ciudadana tendría mucha más confianza en lo que puede hacer porque cuenta con un instrumento de seguridad y, a la vez, disminuir la agresividad y osadía de bandas delincuenciales, infractores de tránsito y de personas que cometen delitos bajo el “amparo” de que nadie les vio, vigiló o registró.

Se debe tener claro que, más allá del aspecto tecnológico, se necesita mucha colaboración de la ciudadanía. Entre otras cosas, por ejemplo, no hacer falsas llamadas de alarma contribuirá a optimizar el sistema y el tiempo de respuesta. Así mismo, denunciar sin temor a los delincuentes ayudará a evitar víctimas o pérdidas.

Evidentemente, como se trata de un proceso en construcción, necesitará ajustes y evaluaciones. Ahí radica la importancia de la participación ciudadana para implementar  otros servicios al reducirse el índice delictivo.