Proyectos anticorrupción. El martes, el procurador General del Estado Íñigo Salvador entregó al presidente de la Asamblea César Litardo una compilación de reformas a cuatro cuerpos legales para luchar contra la corrupción. 

Son para endurecer las sanciones contra la corrupción y el control a las actividades ilícitas: el primero es al Código Integral Penal (COIP); el segundo es al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; el tercero es a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y el cuarto al Código Orgánico de la Función Judicial.

La Procuraduría General Del Estado (PGE) propone modificar al COIP en el tema sobre las conductas delictivas ya previstas y crear nuevos tipos penales para sancionar los actos lesivos a la sociedad, que no encasillan en los tipos existentes o no son claros en su aplicación.

Mientras, para el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones recomienda reemplazar el capítulo de los delitos aduaneros.

Las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se fundamentan en los últimos casos de corrupción vinculados con la suscripción de contratos con el Estado. Hay procesos irregulares y sobreprecios, y se crearon asociaciones ilícitas para cometer esos delitos. La estructura de los procesos de contratación pública facilita los ilícitos. ¿Cuál es el objetivo de estas reformas? Regular los procedimientos de contratación, ampliar el control en el uso de gasto público en las instituciones del Estado, y limitar la actuación irregular de sus funcionarios.

En cambio, sobre las modificaciones al Código Orgánico de la Función Judicial, la PGE plantea fortalecer al sistema judicial con jueces dedicados a la lucha contra la corrupción.

La PGE revisó ocho proyectos anticorrupción presentados a la Asamblea. Dos son del Ejecutivo y el resto de los legisladores: uno es de Alianza PAIS (AP); uno del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG); dos de CREO; uno de la Revolución Ciudadana; otro de SUMA.

El proyecto más antiguo es del PSC-MG (2017); y el más nuevo del presidente Lenín Moreno, del 24 de mayo de 2020, para sancionar la corrupción en procesos de Contratación Pública en emergencia.

De esos ocho proyectos, cuatro están en la Comisión de Justicia; uno a la Comisión de Régimen Tributario; tres que no tienen comisión legislativa.

La Comisión de Participación Ciudadana aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de Ley Extinción de Dominio,  una herramienta eficaz para recuperar lo robado y combatir la corrupción.

La pregunta es: ¿por qué el Legislativo demora tanto en el tratamiento de esos proyectos de ley? ¿Está o no en primera fila para luchar contra ese problema estructural?