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Ley promueve créditos en zonas afectadas

La nueva normativa estipula que los GAD deberán regularizar inmediatamente los asentamientos urbanos en las zonas afectadas.
La nueva normativa estipula que los GAD deberán regularizar inmediatamente los asentamientos urbanos en las zonas afectadas.
Foto: Rodolfo Párraga / El Telégrafo
17 de mayo de 2016 - 00:00 - Redacción Economía

La ‘Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto’ contempla mucho más que el incremento de 2 puntos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o las contribuciones solidarias por remuneraciones, utilidades, patrimonio e inmuebles en jurisdicciones extranjeras. Aquella norma incluye también incentivos dirigidos a los segmentos productivo, comercial, turístico y laboral.

Los beneficios se extenderán a otras zonas de Esmeraldas

Si bien la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) presentará la cuantificación oficial de los costos relacionados con las pérdidas, el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte al 11 de mayo, expone que 7.523 empresas han resultado afectadas.

El promedio de afectaciones varía en cada provincia. En Manabí, Pedernales registra el porcentaje más alto con 80%; en Esmeraldas, la zona más perjudicada es Muisne con 44%, mientras que el cantón Esmeraldas tiene 3%; y en Los Ríos se reporta un 8% en pérdidas en Vinces. Por ello, y en respuesta a las peticiones de la sociedad civil, la Ley Solidaria estableció disposiciones que regirán en la provincia de Manabí, en el cantón Muisne y, también, en otras circunscripciones afectadas de la provincia de Esmeraldas, las cuales serán definidas mediante decreto ejecutivo.

Además de albergar actividades comerciales e industriales, las provincias antes mencionadas se caracterizan también por su atractivo turístico. Por ello, según la Ley Solidaria, se libera del pago del Impuesto a la Renta (IR) por un lapso de diez años a las nuevas inversiones que se realicen en los próximos tres años en esos territorios.  
El mismo incentivo será otorgado a las nuevas inversiones productivas, pero por un lapso de 5 años. El Comité de Política Tributaria determinará los sectores económicos, límites y condiciones para la aplicación de este beneficio.

“A propósito de estos fenómenos naturales, en todo el mundo, se han creado leyes para dar el primer impulso que necesita la reactivación y la reconstrucción”, dijo el asambleísta Carlos Bergman (AP), quien propuso la iniciativa sobre turismo.

Los créditos y las importaciones tienen incentivos especiales

La ley solidaria plantea ventajas para las instituciones bancarias que otorguen créditos en las áreas afectadas. Las entidades del sistema financiero nacional tendrán una rebaja en el valor del anticipo del Impuesto a la Renta de 2016, en proporción al monto de créditos otorgados a partir del 16 de abril (fecha que ocurrió el terremoto) y hasta el 31 de diciembre de este año.

En ese sentido, la ley menciona que, en los años 2017 y 2018, los ingresos de las entidades financieras obtenidos por aquellos créditos estarán exentos del IR, siempre que su destino sea la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan por decreto.

Durante el tratamiento de la norma, el representante del sector empresarial de Manabí, Álvaro Orellana, solicitó a la Comisión de Régimen que se haga una consideración especial para levantar las salvaguardias a las importaciones de bienes de capital que realice el sector productivo de la provincia.

En atención a esta solicitud, la Asamblea aprobó que, hasta después de un año posterior a la publicación de la ley, se encuentran exoneradas del ‘Impuesto a la Salida de Divisas y Aranceles Aduaneros’, las importaciones efectuadas a favor de contribuyentes que hayan sufrido una afectación económica directa en sus activos productivos como consecuencia del terremoto y que tengan su domicilio en Manabí, en el cantón Muisne y en otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que se definirán mediante Decreto.

Se exoneran también los bienes de capital importados que sean destinados a procesos productivos o a 1a prestación de servicios ubicados en las zonas afectadas. Cual condición previa se establece que esos bienes de capital deberán constar en los listados que emitirá el Comité de Política Tributaria y, también, deberán sujetarse al cupo establecido por el Comité de Comercio Exterior.  

La reactivación económica privilegiará el trabajo local    

Para 1a reconstrucción de la infraestructura, la Ley Solidaria autoriza a priorizar la contratación de empresas, profesionales, bienes y servicios de origen local, según las regulaciones que las autoridades competentes emitan al respecto.

Además, mientras dure la reconstrucción y reactivación económica, los contratos de servicios ocasionales de los servidores públicos ya no estarán sujetos a la limitación de que su renovación podrá efectuarse solo por una vez. Este beneficio aplica a quienes, en razón de sus funciones o por e1 desastre natural, presten servicios en Manabí, en Muisne y en otras circunscripciones de Esmeraldas por definirse.

En lo relativo a las obligaciones tributarias de carácter local, la Ley establece que, en un lapso no mayor a tres meses, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán dictar ordenanzas que permitan la remisión de intereses, multas y recargos en las zonas afectadas.

Esas ordenanzas deberán contemplar la exoneración del pago de impuestos cuando el objeto imponible haya sido afectado total o parcialmente. Dicha exoneración deberá proceder según 1os porcentajes y las condiciones que establezca el GAD en su ordenanza.

Por otra parte, los GAD deberán iniciar de manera inmediata los procedimientos para regularizar asentamientos de interés social en suelo urbano. (I)   

Ingeniero japonés discutió resultados de la evaluación de daños por el terremoto 

Tras concluir la evaluación de daños en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril junto al equipo de la Empresa Pública Yachay, Kit Miyamoto (foto), ejecutivo principal e ingeniero estructural de Miyamoto Internacional,  presentó la conferencia “Evaluación del daño del terremoto de Ecuador y Plan de recuperación con una perspectiva global” en la sede de Quito de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

En ese evento, Miyamoto comentó que los principales problemas surgieron porque la mayoría de edificaciones no siguieron los procedimientos establecidos en el código de construcción vigente; sin embargo, las infraestructuras que sí cumplieron la normativa tampoco tuvieron mejores resultados.

Según el experto, esto se debe en parte a que los códigos de construcción en todo el mundo tienen parámetros básicos que solo aseguran que se salven vidas durante una catástrofe natural. Sin embargo, existe tecnología que mejora el desempeño de las infraestructuras y que solo requiere un incremento del 5% en el costo total de la construcción.

En cuanto a la fase de reconstrucción, el experto resaltó que, en una primera instancia, lo fundamental es agilitar la inyección de capitales tanto del sector público como del privado. Basado en su experiencia, este último tiene un rol muy importante, ya que el Estado, por lo general, contribuye con el 90% del costo total de la reconstrucción.

En su opinión, Ecuador tiene una ventaja en relación a otros países en lo referente a la disposición de recursos económicos para enfrentar la emergencia. “Ecuador tiene un 20% de penetración de seguros, lo que le ubica en una mejor posición en comparación a lugares como California, donde solo alcanzan el 10%”.

También señaló que, para ser eficientes durante la reconstrucción, se requiere tomar decisiones inteligentes, como evitar demoliciones innecesarias y escoger de forma minuciosa las mejores técnicas para reforzar la infraestructura que resistió el sismo. A su criterio algunos edificios se derrumbaron apresuradamente y, dado que los costos de construir desde cero son mucho más altos, la consecuencia será que habrá terrenos vacíos por muchos años.

Sobre el traslado de asentamientos dijo que es una operación costosa que solo debe decidirse cuando las condiciones de seguridad lo exijan. Por ejemplo, en el caso de San José de Chamanga, levantado de forma informal en la parte interna del estuario de Cojimíes en Esmeraldas, hay acuerdo por parte de los distintos sectores para la reubicación. Esto porque además de estar localizado en una zona de alto riesgo sísmico, este poblado es afectado constantemente por inundaciones.

Para finalizar, Miyamoto afirmó que el desastre es una oportunidad para promover la capacitación a profesionales y constructores para tener una población más resiliente. (I)  

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