Al cabo de cuatro días de operativo, el contingente policial y militar desplegado en la zona de Buenos Aires de la parroquia La Merced, en Imbabura, terminó el desalojo de las personas que ocuparon ilegalmente el sitio para explotar oro.

Por eso desde este día comenzó la destrucción de los precarios campamentos que levantaron los mineros y que alojaron a cerca de 10 mil personas en “La Feria”, “La Y de San Pedro”, “Ciudad de Plástico”, “Mina Vieja”, “Olival” y “Nueva Mina”.

La magnitud de los asentamientos irregulares motivó problemas delictivos y enfrentamientos armados, lo que provocó la muerte de cuatro personas, cuyos cuerpos fueron ubicados durante el operativo y llevados a la morgue de Ibarra para identificarlos.

El viceministro del Interior, Patricio Pazmiño, indicó que la Policía registró, durante el desalojo, a 1.395 venezolanos, 906 colombianos, 12 dominicanos, dos argentinos y un haitiano.

Los extranjeros fueron conducidos hasta la terminal terrestre de Ibarra para que puedan trasladarse hasta una oficina migratoria y regularizar su situación.

Pazmiño manifestó que en estos casos no cabe la detención para la deportación porque los trámites correspondientes toman tiempo.

La ministra del Interior, María Paula Romo, aclaró que el operativo se extendió a toda la provincia para evitar que los mineros desalojados migren a otras zonas y continúen con la explotación ilegal.

Así mismo, el material, la maquinaria, las herramientas y los equipos decomisados fueron trasladados hasta las bodegas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). (I)