Desde el 29 de julio de 2019, 10 servicios culturales y artísticos gravan 0% de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para acceder a este beneficio, la actividad económica relacionada con estos servicios debe constar en el Registro Único del Contribuyente (RUC).

Su objetivo, señala el Decreto Ejecutivo 829, es promover el fortalecimiento del medio cultural, a través de incentivos y estímulos para que personas e instituciones inviertan y desarrollen alguno de los 10 servicios en el país.

Tras cerca de seis meses de vigencia, los artistas ya ven las ventajas.

Tania Navarrete, directora del Colectivo Central Dogma, menciona que actualmente, cuando ejecutan un proyecto, ya no cobran el IVA a las personas que desarrollan algún servicio artístico y cultural.

Navarrete señala que “entonces los costos no suben, por lo que se pueden mantener y ejecutar los proyectos artísticos con bajos rangos de presupuestos”.

Ella sostiene que las industrias culturales y creativas de Ecuador aún siguen en pañales, por lo que necesitan este tipo de incentivos.

No obstante, cree importante que exista mayor información para que más artistas culturales se beneficien con este decreto.

Otro punto importante que ve Navarrete para el crecimiento del sector cultural y artístico, es que el Gobierno presente los fondos concursables para festivales y proyectos culturales. “Creo que todo el sector está a la espera de esta ayuda”.

El actor de teatro Javier Cevallos Perugachi, de la fundación Quito Eterno, sostiene que en el sector de artes escénicas, gracias al 829, se observa un cambio radical en dos aspectos. El primero es una mayor formalización del sector, es decir, que hay más gente que factura.

Otro punto positivo fue que hubo más interés de los artistas por averiguar cuáles eran las condiciones para acceder a este beneficio, lo que generó nuevos proyectos grandes y gremiales, como el Quito tiene Teatro.

Además, otro aspecto a favor es que “ayudó a que la inversión estatal sea más eficiente; es decir, en vez de que se vaya parte del presupuesto en pago de impuestos, se contrate más grupos”.

Cevallos añade que muchos gobiernos descentralizados optan por contratar productoras, las cuales a su vez subcontratan artistas. En ese juego de contratación se genera una triple facturación, lo que al final incidía en que los presupuestos se diluyan en tributos.

Sin embargo, el Decreto 829 permitió que el sector tenga mayor facilidad de contratación pública.

Mientras que Jefferson Cabrera, director editorial de JLA Ediciones, señala que solo se benefician del Decreto 829 en el tema de producción de eventos.

Dice que al no existir en el Servicio de Rentas Internas (SRI) un instructivo para favorecerse con el decreto, hay instituciones, como la Casa de Cultura, que no  pueden acceder a sus beneficios.

Explica que en septiembre de 2019, junto al coordinador Nacional del Consejo de Cultura, Joaquín Serrano, se reunió con el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, para indicarle la importancia de crear un reglamento y así mejorar este beneficio tributario.

Sin embargo, dicha propuesta aún no ha tenido una respuesta favorable.

Cabrera menciona que los miembros del sindicato de músicos no ven nada positivo del decreto, ya que aún no logran actualizar sus obligaciones fiscales en el SRI.

Según Cabrera, en la plataforma virtual de la entidad la única actividad artística que consta es la de organización de eventos. Las otras nueve, hasta la fecha, no aparecen.

“Uno tiene que ir a alguna oficina de la entidad y correr con la suerte de que un funcionario del SRI tenga la paciencia para atender a cada una de las personas que van, lo que no siempre ocurre”, enfatiza Cabrera.

Según se conoció, en febrero habrá una evaluación del Decreto 829, para lo cual se solicitó a las organizaciones sociales enviar sus aportes y sugerencias. (I)