La democracia verdadera depende de instituciones sólidas e independientes para cumplir su valioso papel favoreciendo la gobernanza y la vida social. A la vez, las instituciones deben ser las estrictamente necesarias en un Estado, estarán dotadas de competencias suficientes, y serán dirigidas por profesionales capaces. En el espacio institucional se cuecen y ponen en práctica las políticas públicas, instrumentos orientados a mejorar las condiciones sociales en sus múltiples dimensiones.
Suele ser fuerte tentación para las autoridades de turno tomarse las instituciones con el fin de que operen según sus intereses en el marco de una perversa dinámica concentradora de poder, alejándolas de su papel central, con evidente perjuicio a los ciudadanos. Lejos de generar confianza, esta realidad distorsionada ocasiona incertidumbre, división y latrocinio. Ya tuvimos bastante de eso en el país, sabemos de las nefastas consecuencias que tiene, por lo que no debemos repetir la historia, tenemos la oportunidad de dar un golpe de timón con nuestro voto en febrero de 2021.
Si las instituciones funcionan adecuadamente será posible tener elecciones confiables y limpias, leyes adecuadas a la realidad y no manipuladas por grupos políticos ni ideológicos que frecuentemente defienden sus visiones sesgadas, una justicia que descubre a los delincuentes para aplicarles las normas jurídicas con rigor y sin miramientos, un manejo equilibrado de la autoridad y uso responsable de los recursos públicos. La ruta del proyecto nacional de mediano y largo plazos debe definir el funcionamiento de las instituciones, y no los siempre limitados objetivos de los gobiernos de turno.
En las próximas elecciones tenemos la responsabilidad de respaldar a personas que entiendan la lógica de las instituciones, esos espacios altamente sensibles del circuito democrático, que modulan y dosifican la autoridad, para permitir un desempeño sano de la convivencia social. (O)
