En nuestro país, pleno de contradicciones, se expiden reglamentos y leyes absurdas y excluyentes. Ha sido frustrante que la Constitución de Montecristi haya creado el llamado “quinto poder” que se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS-.
La señalada Constitución, repleta de invocaciones sobre derechos y garantías, creó este nuevo poder para, supuestamente, incorporar a la ciudadanía a participar en decisiones del gobierno a través de veedurías y también para, supuestamente, participar en la lucha contra la corrupción.
El tal CPCCS ha sido un fiasco que solamente sirvió para asegurar la concentración del poder del expresidente Correa, mediante nombramientos de autoridades de control que respondían a su voluntad y que cumplieron un papel deplorable convirtiéndose en actores o encubridores de la corrupción.
Los miembros del CPCCS del anterior gobierno, de ingrata recordación, la mayoría, fueron elegidos mediante concursos de oposición y méritos bajo un reglamento que facilitó que sean ganadores aquellos que el gobierno quería. Ahora el CPCCS, que ojalá en algún momento desaparezca, será estructurado por voto popular.
El que la conformación del CPCCS sea por voto popular aporta un ingrediente de democracia, que contrasta con los concursos amañados, pero tampoco ofrece claridad a los votantes. Quienes han sido calificados para participar en las elecciones son, en su mayor parte, personajes totalmente desconocidos. Mal se puede votar por personas sin trayectoria pública o política conocida. Evidentemente los requisitos son excluyentes y algunos de ellos, francamente absurdos.
El que se tenga que demostrar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana y en lucha contra la corrupción no debería ser consideración para participar como candidatos al CPCCS pues prácticamente se elimina de la posibilidad de optar por la candidatura a casi toda la población y se habilita solo a un grupo ínfimo y desconocido porque no han tenido participación en la vida política.
Ya es hora de desterrar el prejuicio en contra de los partidos políticos y entender que el Estado y sus funciones deben incorporar a quienes han optado por el camino de la política partidaria. Ya es hora de eliminar las exclusiones y permitir que grupos humanos más nutridos puedan participar. Pienso que es una gran contradicción la de orquestar la exclusión en el contexto de la lírica constitucional que proclama la inclusión. (O)
