Los cambios del sistema de educación superior en Ecuador deben ser progresivos para que los principios de la formación universitaria se traduzcan en mejor calidad, universalidad, democracia, sustentabilidad y autonomía. Desde sus inicios la academia fue protegida porque su principal objetivo es descubrir la verdad, la cual a veces incomoda a grupos poderosos que no entienden los principios señalados para generar conocimiento en beneficio de todas las personas. Durante el siglo XIX, la universidad manifestó la necesidad de la autonomía como valor irrenunciable de su naturaleza y se constituyó en principio de la fundación de la Universidad de Berlín.
Guillermo Humboldt, uno de los precursores de la autonomía, indicó que la sociedad se beneficiaría más de la universidad si ella fuera libre y pudiera desempeñarse sin la injerencia del Estado, la religión o la política. El desarrollo del conocimiento, el avance científico y tecnológico, así como la innovación social y cultural, requieren de condiciones de libertad para otorgarle a la sociedad sus mejores propuestas. La autonomía universitaria incumbe y le hace bien a toda la colectividad.
En nuestra América Latina, se convalidó y avanzó con la Reforma de Córdoba de 1918, y años más tarde la autonomía llegó a ser parte de la legislación ecuatoriana. Esta figura se estableció como un rasgo distintivo de países libres y democráticos, precisamente para desarrollar la educación superior pública y hacerla consonante con las necesidades de la sociedad como un todo. Las universidades públicas estatales han sido así la columna vertebral del progreso social, económico y cultural de muchos países, siempre y cuando hayan mantenido su libertad frente a intereses particulares de sectores económicos y políticos.
En la práctica la autonomía es compleja, por eso se requiere de leyes que viabilicen los principios por medio de las políticas públicas. Esta claro que no hay autonomía universitaria cuando existe una hiperlegislación, una reducción sistemática de recursos, en el momento en que no son transparentes y precisos los sistemas de planificación o cuando hay un exceso en los sistemas de control burocrático.
En la modernidad, en la sociedad del conocimiento, como nos ha denominado la Unesco, el sello principal es el aprendizaje permanente y libre. La autonomía debe ser consustancial a la calidad del sistema de educación, es decir, a mayor calidad de la universidad, más autonomía. Esta genera una libertad intelectual creativa y permite un diálogo sostenido entre enfoques y saberes diversos.
La autonomía es un principio de relación entre los actores del sistema de educación universitaria, por lo que se requiere de un proceso de rendición de cuentas público y está claro que la autonomía garantiza el desarrollo de la sociedad. En la actualidad, en contexto de pandemia, se observan los resultados del conocimiento científico autónomo en la obtención de la vacuna contra el covid-19; quizá sin la libertad para investigar y sin los recursos que entregan los Estados a las universidades este logro de la humanidad, gracias al conocimiento científico, no se habría logrado.
Ahora que se discuten reformas a la Ley de Educación Superior, requerimos que se actualice el principio de la autonomía en los nuevos tiempos, frente a las nuevas necesidades y que se adapte al sistema para formar individuos y construir conocimiento en beneficio de la sociedad de futuro.
