Ramiro González es uno más de los que perjudicaron al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y está prófugo, radicado en Perú.

Al igual que su pareja encarcelada, que paga a los jueces paisanos para que le cambien el delito y disminuyan su pena, posee una gran fortuna que le permite defenderse comprando a los jueces peruanos que niegan su extradición, justificando el criterio de ser más corrompidos que los nuestros.

El IESS es el último recurso que les queda a los trabajadores para morir con dignidad; para ello soportaron un descuento mensual de sus haberes, a veces durante 40 y 50 años. Considerado botín político, siempre fue víctima de los desmanes de sus presidentes, que sin sospechar siquiera aquello de la seguridad social, obedecieron ciegamente al capo mayor, como Correa en la última década.

Los datos de expertos y auditores son alarmantes y habrá que recurrir al incremento de las contribuciones y edad de jubilación para evitar su quiebra.

La deuda del Estado al IESS está en alrededor de $ 20.000 millones, cifra impagable, que ocasiona que el Gobierno se haga el loco y no la considere en el presupuesto.

Si no hay cómo traer a González, hay que pensar en Richard Espinosa y otros malandrines que, como el “Corcho” Cordero, dijeron: “El Estado no le debe un centavo al IESS” (El Telégrafo, 15 de febrero de 2014). (O)

Carlos Mosquera Benalcázar