A través de un documento entregado ayer en la Cancillería ecuatoriana, el Gobierno de Inglaterra amenaza a Ecuador con entrar (asaltar) la Embajada ecuatoriana en Londres para detener al creador del sitio WikiLeaks, Julian Assange, y extraditarlo a Suecia, donde es requerido para investigaciones por supuesto abuso sexual. 

Assange permanece refugiado en esa delegación diplomática desde hace 59 días con una solicitud de asilo político al Gobierno de Ecuador por considerar que el pedido sueco de extradición no es otra cosa que la estrategia de Estados Unidos para “castigarlo” por haber hecho públicos miles de documentos secretos del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que evidencia la política norteamericana de intervencionismo a través de compañías multinacionales o golpes de Estado en muchos países del mundo. En el documento, Inglaterra considera que el uso de oficinas diplomáticas “es incompatible con la Convención de Viena e insostenible, y que ya hemos dejado en claro las serias implicaciones para nuestras relaciones diplomáticas”.

Advierte a las autoridades ecuatorianas que “deben estar conscientes de que hay una base legal en el Reino Unido –La Ley Sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987. (Diplomatic and Consular Premises Act 1987) que nos permite tomar acciones para arrestar al Sr. Assange en las instalaciones actuales de la Embajada”.

Esta amenaza llega luego de que el periódico londinense The Guardian afirmara que una fuente oficial ecuatoriana daba por hecho de que le sería concedido el asilo político al periodista australiano.

La carta enviada por el Gobierno inglés destaca igualmente que en caso de que Ecuador le otorgue el asilo político a Julian Assange, Reino Unido no le concederá el salvoconducto para que abandone la Embajada y pueda viajar a Ecuador. Insiste en que la solución a este conflicto es llegar a un acuerdo mutuo entre los dos países y deja entrever que ese acuerdo solo puede ser entregar a Assange a la Policía inglesa para que ésta a su vez lo extradite a Suecia.

A las 16:02 de ayer, el Canciller de la República, Ricardo Patiño, se refirió a esta amenaza señalando que el Gobierno británico pretendería  respaldar su actuación amparándose en una norma de carácter interna de ese país: la Ley de Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987.

“Para el Ecuador, la actitud que ha asumido el Gobierno británico es inadmisible, tanto desde el punto de vista político como jurídico, ya que la misma constituye un acto hostil e inamistoso por parte de un Estado con el que el Ecuador mantiene tradicionales relaciones de amistad y cooperación”, dijo Patiño ante una concurrencia de al menos 50 periodistas de diferentes medios que acudieron a la Cancillería.

Ante los acontecimientos, Patiño indicó que “la actitud británica constituye una violación de expresas normas del derecho internacional”, que obliga a los Estados a solucionar sus diferencias apelando a los medios de solución de conflictos previstos en el derecho internacional.

Resaltó que esa normativa establece que las sedes diplomáticas son “inviolables”, de manera que sin la autorización expresa del Jefe de la Misión Diplomática ninguna autoridad del Estado receptor puede irrumpir, pues de hacerlo, cometería una “grave violación de expresas obligaciones internacionales”.

Tal actitud del Reino Unido -a decir de autoridades diplomáticas- sería incompatible con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y afectaría los derechos e intereses de la comunidad internacional en su conjunto, la misma que condena el voluntarismo y la imposición como formas de conducirse  en las relaciones. 

El ingreso no autorizado de cualquier autoridad británica a la sede de la Embajada del Ecuador en Londres, por tanto, sería una violación flagrante del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, así como del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe expresamente a los Estados el uso de la fuerza y la amenaza, así como de los principios consagrados en el Derecho Internacional como el caso de no injerencia, el respeto a la soberanía y el fiel cumplimiento de tratados.

Según un principio de humanidad que incide en todo el Derecho Internacional, en ningún caso es lícito penetrar en un local de la Embajada para arrestar a un refugiado político, pues el asilo diplomático es una excepción a las inmunidades generalmente reconocidas a los edificios de las misiones y a los agentes diplomáticos, la cual no se interrumpe cuando se trata del ingreso al local diplomático de quienes buscan asilo por motivos políticos. Justamente en el caso de Julian Assange, su pedido de asilo se halla en estudio por parte del Gobierno ecuatoriano, cuya decisión final la hará pública a las 07:00 de hoy el propio canciller Ricardo Patiño.

Pese a que se venían realizando conversaciones al más alto nivel entre el Ecuador, el Reino Unido y Suecia, la Embajada del Reino Unido realizó la amenaza expresa y por escrito de que podría asaltar la legación diplomática ecuatoriana en Londres, si no entrega a  Assange.

Frente a ello, Patiño manifestó que el Ecuador rechaza en los términos más enérgicos tal  amenaza; que una cuestión así es impropia de un país democrático, civilizado y respetuoso del derecho; y que la amenaza británica, si se concreta, será interpretada por el Ecuador como un acto inamistoso, hostil, intolerable y un atentado a la soberanía. 

Señaló que tal acción supondría desde el Gobierno británico un flagrante irrespeto a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y de las normas del Derecho Internacional Público de los pasados cuatro siglos, y que de concretarse constituiría un peligroso precedente que abriría la puerta a la violación de un espacio declarado inviolable como las sedes diplomáticas. “Frente a una situación que afecta al conjunto de Estados Americanos, el Ecuador solicitará la convocatoria inmediata del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unasur y la convocatoria a una asamblea general extraordinaria de la OEA, de los cuales se esperará una respuesta común frente a la amenaza”, dijo.

Destacó que la protección que  Ecuador brinda a Assange se  basa en principios universales y el respeto a los derechos humanos, y que por tanto ninguna amenaza o acción de fuerza unilateral puede hacer que el país renuncie a esos principios. “Nosotros no somos colonia británica y los tiempos de la colonia terminaron”, dijo. Ya a las 17:25, a través de Twitter, alertó: “Advertimos que se ha aumentado inexplicablemente la presencia de policía británica alrededor de la Embajada ecuatoriana en Londres”.

El titular de la Asamblea, Fernando Cordero, también escribió en Twitter: “Nuestra Constitución (art. 416) condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados...  cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar”, y no descartó llamar a una sesión extraordinaria.

En Londres un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido dijo que ese país tiene la "obligación legal" de extraditar a Suecia a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, como ha decidido el Tribunal Supremo británico, máxima instancia judicial del país.

Mientras tanto en Quito, en la tarde de ayer, decenas de jóvenes se apostaban en las afueras de la Embajada inglesa para protestar por la injerencia de ese país en “las decisiones soberanas de Ecuador”.