Cuando la crisis de los años noventa, caído el socialismo real y en fuerte ofensiva del neoliberalismo privatista a nivel planetario, el espíritu crítico del pensamiento antisistema se vio corroído por la nueva situación. De tal manera, con el esfumamiento de la noción de revolución como modificación súbita y radical de los sistemas políticos, se empezó a buscar alguna versión que reemplazara a aquella que había quedado obsoleta.

Los militantes e intelectuales encontraron así aquello a que denominaron “nuevos movimientos sociales” (feministas, derechos humanos, ecologistas, regionalistas, grupos étnicos, etc.). Es obvio que en muchos casos -con los grupos étnicos sobre todo- lo único “nuevo” es que fueran visualizados desde el campo intelectual o militante. Lo cierto es que se puso en ellos esperanzas, a mi juicio, desmesuradas. Ellos trajeron frescura al campo político, proveyendo reivindicaciones singulares que los partidos no asumían a pleno (en cuanto se ocupan de cuestiones más generales, y en cuanto se cierran en los límites sistémicos). Los “movimientos sociales” han ensanchado el campo de lo posible, exigiendo con movilizaciones, acciones varias, documentos, etc., en relación a políticas que los olvidaban o dejaban por completo de lado. 

Pero no son ellos la nueva forma de la política. No reemplazan a los partidos, ocupan otro lugar que estos. Se limitan a reivindicaciones específicas, no tienen en cuenta lo general. Los indígenas, por ejemplo, no representan ni reivindican los intereses de los negros. Los ecologistas poco se preocupan por las cuestiones de género; estos, poco o nada se interesan en los regionalismos.

Por ello no pueden pretender los grupos específicos dictar políticas generales, pues sus intereses no se plantean como generales.

Hemos visto en Ecuador que se nombra embajador en Bolivia a un hombre de raigambre indígena, y que ha recibido cuestionamientos desde algunas organizaciones ligadas a las etnias originarias de su país.

La impresión que puede tenerse desde quienes vemos el panorama a nivel latinoamericano es que esa rencilla doméstica tiene escaso sentido. Lo importante es si, para la función acordada, la persona designada reúne representatividad y capacidades; y la representatividad de un Estado no es la de una etnia o varias en singular, sino la del todo social, la de la sociedad en su conjunto.

Un movimiento social puede y debe legítimamente reclamar reivindicaciones singulares, pero no le será fácil reunir consenso como para decidir sobre políticas que no afecten directamente su vida cotidiana, y que remitan a la generalidad de las decisiones de gobierno.