Está claro que Ecuador requiere reformas en diversos frentes y con diferente calado, pero antes deben fijarse prioridades, y luego definirse las maneras de llevarlas a la práctica. La emergencia sanitaria -vacunación masiva- y la recomposición del tejido socio económico para reactivar la economía y el empleo demandan acción urgente, esto involucra una nueva reforma tributaria, una sólida reingeniería para el futuro inmediato.

Los ajustes en este ámbito dependen de un delicado balance entre lo político, por el reparto de poder operado en el órgano legislativo; lo social, para que en el diseño de los cambios participen todos los sectores involucrados; y lo técnico, por los efectos que pueden generar reformas de este tipo en los bolsillos del contribuyente, en el erario y en la economía.

Desde la óptica técnica, el nuevo gobierno debe impulsar cambios de fondo para construir un verdadero “sistema” tributario, donde las partes calcen en un todo orgánico que provea seguridad jurídica. Sobre la realidad actual, la reforma debe enfatizar ajustes a impuestos directos y progresivos que por definición son más justos, pues consideran ingresos y patrimonio, antes que gasto o consumo; hay que aligerar el bulto tributario, pasar de tener más de cien gravámenes vigentes -impuestos, tasas y contribuciones-, a un conjunto pequeño y rendidor; los tributos nacionales deben complementarse con los municipales; grandes evasores y deudores deben pagar sus obligaciones. Está en juego lograr una combinación virtuosa entre fines de los tributos para proveer fondos al presupuesto y para incentivar la economía. También debe mejorarse la gestión tributaria.

Cualquier reforma importante en este campo exige más ética pública; en este sentido, es imprescindible sincerar las finanzas, optimizar y transparentar el gasto, y combatir la corrupción. Es tiempo de alcanzar un gran pacto por el país y sus urgencias, antes que por determinadas ideologías o intereses.