El órgano estatal, soberano por excelencia, plural, democrático y representativo es la Asamblea Nacional, el Parlamento o el Congreso, o como se lo llame en los distintos sistemas de gobierno. Entre otros deberes y atribuciones, debe emitir las leyes necesarias y adecuadas para el desenvolvimiento de la sociedad y del propio aparato estatal, también fiscalizar a las demás funciones y órganos del poder público; pero, en el Ecuador, esto todavía es una quimera; veamos por qué.

Elementos a considerar: mala calidad de muchísimos políticos, y una constante práctica que privilegia intereses propios o de grupo antes que los de la sociedad, esto crea el caldo de cultivo para la delincuencia, corrupción e impunidad que nos coloca en estado de inseguridad generalizada. Hartos estamos de tráfico de influencias, reparto de cargos públicos, chantaje y vendeta. Ahora mismo, muchos asambleístas se preocupan más de bloquear cambios legislativos urgentes y de tapar sus pecados, que de honrar la confianza del elector trabajando por grandes objetivos nacionales, como: lograr una gran transformación cultural y educativa que posibilite otros cambios de fondo.

Los intentos para destrabar la situación todavía son insuficientes y nos condenan a seguir marchando en el propio terreno. Sin leyes de calidad, ni un baño de verdad sobre el manejo de la cosa pública, estamos condenados al fracaso. Cabe preguntar: ¿A quiénes elegimos y de quién depende esto? Si bien los ciudadanos tenemos la responsabilidad de interesarnos más en los asuntos públicos y en afinar criterios para elegir a los mejores, los partidos y movimientos políticos deben responder a la sociedad, mejorando internamente, refrescando filas, elevando el nivel de los candidatos y sus propuestas.

Todo indica que necesitamos construir un nuevo pacto político por el país, para salvar el barco; así, a cambio del voto, todos nos beneficiaremos de certezas de progreso ante un futuro poco esperanzador.