Para el futuro inmediato, con nuevo gobierno y un horizonte salpicado de incertidumbre y esperanzas, urge tranzar un pacto extraordinario sobre el orden fiscal y los medios para convivir pacíficamente, con equidad y derechos.

Dice la Constitución: “Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente, y procurarán la estabilidad económica.” (Art. 286). Es un pacto sociopolítico esencial que legitima el papel del Estado y el ámbito y alcance de sus responsabilidades en lo económico y social; sobre el monto, origen y destino de los recursos, acompañado de transparencia y de rendición de cuentas (CEPAL). Son reglas para que la economía se mantenga estable y crezca, con un régimen tributario eficiente, justo y amigable.

Involucra a la sociedad y al Estado, incluye gobiernos locales; se resume en cuánto contribuimos, cómo usamos los recursos y en qué forma logramos bienestar para todos. El pacto debe estar sustentado en amplia participación, no solo de los sectores económicos y productivos, sin cálculo político (populista), ni visión rentista.

Sostenibilidad de las finanzas públicas es sostenibilidad de las políticas, estabilidad macroeconómica, prudencia, previsión, para evitar crisis como la de la seguridad social. Tiene que ver también con deuda, déficit y gasto; con atraer inversión e incentivar la productividad y empleo; con manejo óptimo de los complejos ciclos económicos y volatilidad en los mercados.

Un pacto fiscal de verdad servirá para enfrentar los efectos sociales, económicos y hasta psicológicos de la pandemia -muchos están sin empleo, sin educación, y de luto-. Cambiará el manejo del erario nacional; coadyuvará a la paz, el bienestar y la gobernabilidad; reconectará la política a la sociedad evitando nuevos desangres y violencia extrema como lo sufrimos en octubre de 2019, y ahora lo padece Colombia. Es tiempo de hacer las cosas bien y de manera diferente. (O)