Desde el siglo XVIII la cultura política occidental (Europa) desarrolló conceptos liberales para legitimar un nuevo orden en las distintas naciones. Uno de los propósitos era acabar con el absolutismo o el ejercicio de potestades aglutinadas en un solo individuo. Usando analogías de las ciencias físicas y biológicas, el liberalismo creo las nociones de división de funciones y contrapesos, para evitar la concentración de poder. De esa manera se concibió un Estado nacional gobernado a través de las funciones legislativas, ejecutivas y judicial, dirigidas por representantes elegidos por votación popular. La legitimidad provendría del consentimiento otorgado por el imaginado “pueblo soberano”, cuyos individuos mediante el pacto social, habrían consagrado una constitución.

En la Constitución de Montecristi (Ecuador), las funciones, pesos y contrapesos se ampliaron a cinco. Se agregaron las funciones electorales y de Transparencia y Control social. Conceptualmente, esa quinta y novedosa función rompería con el sistema de democracia representativa, puesto que serían delegados de las propias organizaciones sociales las que la integrarían, con el fin de ejercer el control social y efectivizar la participación, realizando una transición hacia una democracia directa. El tema siempre fue cuestionado, porque cierta teoría señala que la sociedad civil no puede institucionalizarse en el Estado. Y, porque las organizaciones sociales son al final de cuentas corporaciones que representan solo ciertas causas. En todo caso, se trataba de un ensayo novedoso, en medio de un proceso mundial que anunciaba la crisis del modelo democrático representativo.

No podemos negar que el experimento de la quinta función ha fracasado en Ecuador. Fracasó en el ensayo que integraba a las organizaciones sociales y fracasó en el ensayo de un consejo elegido por votación popular, que al fin de cuentas representa la cartilla de las organizaciones electorales, mal llamados partidos políticos.

Aunque el Consejo de Participación Ciudadana, como organismo de la quinta función, haya fracasado, el Ecuador no debe renunciar a buscar formas descorporativizadas de participación de la ciudadanía. En cuanto a la elección de autoridades de control y la necesidad de mantener suficientes contrapesos, es hora de analizar la posibilidad de la bicameralidad.