Ecuador, patria de diversidad geográfica y cultural, se encuentra hoy en una intersección crítica que exige un análisis profundo más allá de narrativas superficiales. Detrás de cifras y titulares, late una sociedad en tensión: entre la percepción de normalidad y la vivencia cotidiana de crisis estructurales que afectan a los ciudadanos.

La violencia y la inseguridad se han convertido en uno de los problemas más urgentes para la población. En encuestas y estudios recientes, un porcentaje importante de los ecuatorianos identifica al crimen, el narcotráfico y la violencia como los principales problemas del país, por encima de otros desafíos como la corrupción o el desempleo. Esta estadística refleja una realidad experimentada por familias que sienten que sus barrios son cada vez menos seguros y que les toca convivir con la amenaza al lado de la puerta. Esta percepción se sustenta en hechos concretos. El país ha visto una escalada de homicidios sin precedentes en la historia reciente, pasando de cifras relativamente bajas hace una década a tasas comparables con las de los países más violentos de la región, con territorios urbanos donde la violencia se ha arraigado de forma casi cotidiana. Añádase a esto la extorsión creciente que afecta a negocios y la pérdida de empleos formales vinculados con la inseguridad económica.

En este contexto, el poder estatal y su ejercicio parecen estar en disputa. El Estado no solo administra instituciones, sino que se define por la forma en que logra que las masas acepten su autoridad y funciones. Para el sociólogo Elías Canetti, la masa posee una “facultad de organización” y de represión del miedo, pero también una necesidad de dirección y control por parte de referentes que impongan sentido y orden. Ese vínculo entre masa y poder se fractura cuando las expectativas colectivas —seguridad, empleo, justicia— chocan con instituciones que parecen responder con planes, decretos y estructuras fragmentadas, pero con resultados limitados.

La declaración de un “conflicto armado interno”, la aprobación de reformas legales para combatir bandas criminales y el uso de fuerzas militares y policiales reflejan un intento por recuperar el monopolio legítimo de la violencia que, teóricamente, define al Estado moderno. Sin embargo, allí donde las medidas de emergencia se han multiplicado, persisten las percepciones de desbordamiento institucional, con cárceles incapaces de controlar bandas, sistemas judiciales lentos y una justicia que no siempre llega.

Parece que, en la práctica, se asume que cada acción u obra de autoridad merece ser celebrada, cuando en realidad lo mínimo exigible es cumplir funciones propias de un Estado de derecho: proteger vidas, garantizar justicia y ofrecer bienestar básico. Esta expectativa resignada hacia las autoridades, más cercana a un relato de agradecimiento por acciones excepcionales que al reclamo por deberes cumplidos, puede entenderse como un fenómeno donde la masa —cede su crítica y poder de exigir cambios sustantivos ante la autoridad como figura protectora. Esta tensión se agrava cuando planes de seguridad o estrategias basadas en inteligencia estatal no logran traducirse en resultados tangibles para la mayoría. La inteligencia, entendida como la capacidad de anticipar riesgos, coordinar recursos y prevenir violencia antes de que ocurra, es un pilar de cualquier estrategia efectiva de seguridad. Pero en Ecuador, las respuestas han sido reactivas más que estratégicas, concentrándose en la intervención militar o policial después de hechos ya consumados.

Al mismo tiempo, la economía no está exenta de presión: el impacto de la violencia supera miles de millones de dólares y erosiona la confianza de inversionistas y ciudadanos, afectando la productividad, el empleo y el crecimiento potencial. Esto se suma a críticas por falta de transparencia institucional, corrupción persistente y fragilidad del Estado de derecho, factores que alimentan la percepción de que “la crisis no existe” solo en discursos oficiales, pero sí en la vida de las mayorías.

Sin embargo, no todo es desesperanza. La propia dinámica democrática —con debates, referendos y escrutinio público— muestra que la sociedad ecuatoriana no ha renunciado a su capacidad crítica y a la exigencia de mejores prácticas de gobernanza. La pregunta central es si estas ciudades masivas —como masivos cuerpos sociales— podrán transformarse de actores pasivos en agentes colectivos de cambio que no solo exijan seguridad, sino que también exijan eficacia institucional, justicia real y una visión de Estado que mire más allá de episodios coyunturales hacia soluciones estructurales. Así, la crisis ecuatoriana puede entenderse no solo como un problema de criminalidad o economía, sino como un desafío socio-político y democrático profundo, en el que la masa debe reconectar con el poder de exigir al Estado que cumpla con su rol legítimo, eficiente y humano.