Antiguamente, los filósofos Platón y Aristóteles sentaron las bases de la Ética relacionada con la conducta humana y las leyes que la gobiernan. En la edad media el cristianismo la vinculó con la moral y la interpretación de los evangelios; la edad moderna le insufló humanismo vinculándola con la razón y la cultura -el “imperativo categórico” de Kant-; contemporáneamente, la Ética es cuestionada desde el existencialismo y el nihilismo, porque la ciencia y la razón no han traído progreso ni felicidad para todos. Pero, nadie discute que la Ética exige un comportamiento humano correcto y bueno, enmarcado en valores y principios.

El 24 de mayo pasado, día de su posesión, el presidente puso en vigencia las Normas de Comportamiento Ético Gubernamental (D. E. 4), a las cuales se someterán los funcionarios públicos del Ejecutivo, entre ellos, ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios; tiene que ver con vínculos familiares y conflictos de interés, uso de bienes y recursos públicos, honradez, igualdad de oportunidades y buen trato. De la supervisión y cumplimiento se encarga la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete. El incumplimiento de este instrumento deontológico causa la remoción del cargo del funcionario, sin perjuicio de otras acciones legales que pudieren tener lugar. Las Normas se sustentan en instrumentos internacionales y normativa nacional; son reglas, definiciones y principios para lograr transparencia y eficiencia, combatir la corrupción, y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y en la economía, ante la grave crisis ética en el manejo de los asuntos públicos, todo agravado por la pandemia.

¿Era necesario emitir un decreto de esta naturaleza? Sí, y debe cumplirse, ya que durante algunos años se impusieron desde el poder prácticas sucias y abusivas. Hay que dignificar y honrar el ser funcionario público, así como también la misión de servicio a la ciudadanía.