Imprimir comprobantes y certificados que se emiten vía electrónica (suena tonto, pero es real), llenar formularios on-line pero de presentación física (bis), carpetas con decenas de hojas que permitan demostrar, por un lado, que el requiriente es inocente de pensamiento delictivo o de tener la intención de evadir obligaciones y, por otro, de ser quien dice ser. El decreto ejecutivo número 68 de Guillermo Lasso pretende cambiar las reglas de lo absurdo para implementar procesos lógicos, seguros y eficaces. El reto es grande.

Si se hace bien, El 9 de junio del 2021 será recordado como el día en que despertó la digitalización estatal. Desde la entrada en vigencia de este decreto, todos los ministerios vinculados a sectores de producción e industrias tendrán 30 días para presentar un plan estratégico en donde se presentarán las nuevas políticas para dar tratamiento a los servicios ciudadanos. El sector de la salud, agricultura y tributación, producción y comercio exterior, deberán cumplir con este mandato y la orden es que se inicie de manera prioritaria.

El tortuoso viacrucis que se vive hasta el día de hoy, va desde la suerte que significa la aceptación de la carpeta de documentos para realizar un trámite, hasta tener que solicitar 16 certificados en diferentes departamentos de la misma entidad, para que un ex empleado pueda cobrar su liquidación que por ley le corresponde. Esto sin contar con las fallas de sistema, funcionarios de vacaciones o turnos que se agotan antes de la primera media hora de atención al público. Si el decreto 68 logra su objetivo, será la puerta para entrar al mundo de la digitalización.

Esta apuesta por demás lógica, contrae retos importantes, sobre todo en lo de evitar el fraude y la suplantación de identidad. Lo mas crítico reposará en infraestructura digital, así como también en las garantías legales que involucran el uso de firmas electrónicas ya que, a mi criterio, no solo las cualificadas por la Arcotel son válidas para probar derechos y obligaciones. Con esto se debe velar por que existan lineamientos claros para construir prueba en caso de requerir reproducirlos en juicio.