La diversidad geográfica incide directamente en la propuesta turística en Ecuador. Cada región, provincia e incluso cantón tiene un concepto propio de desarrollo turístico, diferente y hasta contrario al de sus vecinos del  megadiverso Ecuador.

Muy diferentes son los servicios turísticos que quiere promover Guayaquil, que las actividades turísticas que impulsa Macas, o los emprendimientos turísticos de Ibarra. En la Costa, Guayas esboza una oferta turística muy diferente a la de su vecina Manabí, cuya cordillera de Colonche le permite actividades que en las planicies guayacas no son posibles.  En la región Andina, Quito y Cuenca al ser ciudades conventuales y Patrimonios de la Humanidad podrán tener alguna similitud, pero la fuerte identidad de los cuencanos marca diferencias y visiones que solo encontramos en el Austro. Incluso en la Amazonía, las aspiraciones turísticas de Puyo, donde los ríos aún tienen velocidad y la tierra plana es escasa, son diferentes a las de Coca, con grandes ríos navegables y planicies casi infinitas.

En este entorno, es imprescindible que la propuesta turística tenga la calidad requerida para ser competitiva, mantener una oferta atractiva, con identidad; lo que exige de parte del Estado que haya la calificación y supervisión  para que los servicios y emprendimientos turísticos, a más de la normativa necesaria –que aún no se actualiza- también participen en las certificaciones que les permita representar al país en ferias -a las cuales hoy van empresas escogidas al azar-  y sean parte de la promoción nacional, en tanto cumplan con los requerimientos de identidad y sostenibilidad que algún día determinará el Mintur.

Hasta que eso suceda, es poco práctico que certificadoras extranjeras se presenten ante nuestra planta turística a ofrecer sus certificaciones a cambio de un oneroso pago y el cumplimiento de acciones estandarizadas, que igual se aplican a un hotel en el centro de Guayaquil  o a unas cabañas en medio de la selva amazónica.

Es el Estado ecuatoriano a través del Mintur, el que debe incentivar, certificar y premiar  a empresas o emprendimientos que cumplan con el rescate y recreación cultural, con la eficiencia ecológica, con la inclusión social, la educación ambiental;  y que no sean empresas foráneas las que deban decirnos cómo administrar nuestros recursos turísticos a cambio de un sello, que debería darlo el Estado que busca en el turismo su política central. La Soberanía Turística debe mirar estos aspectos.