Cuando asumimos esta lucha sabíamos que derrotar a la corrupción, al poder del dinero, a las influencias y la falta de ética, no sería tarea fácil; pero esta petición de remoción trabajada en silencio, presentada sin alharaca, logró una mayoría de concejales que dignificó a Quito.
Sin embargo después una semana perdida entre la negligente y parcializada Secretaria encargada del Concejo Metropolitano, ayer Arturo Cabrera (juez ponente) dio trámite a la consulta de remoción, y el pleno del TCE tiene hasta el 2 de julio de 2021 para pronunciarse sobre el cumplimiento de formalidades y procedimiento, ni más ni menos.
Legalmente las alegaciones del removido no tienen sentido: la mayoría de 15 es una mala lectura de la norma que expresamente señala “salvo el caso de que el ejecutivo sea el denunciado…”. Sobre la nulidad en la principalización de la alterna del Concejal Mario Granda, consta del expediente el Oficio No. GADDMQ-SGCM-2021-2063-O de 01 de junio de 2021 suscrito por la Ab. Damaris Priscila Ortiz, Secretaria (e) del Concejo Metropolitano, quién convoca a la alterna Paulina Izurieta, con lo cual se cumple la formalidad. Todo esto, actuado conforme el Art. 229 de la Constitución, el Art. 27 y 34 de la LOSEP; y el Art. 6 de la Resolución C-074.
Así en la Remoción de Yunda no existen vicios de procedibilidad, pues se cumplieron todas las formalidades y el procedimiento que manda el 336 del COOTAD; garantizando el derecho a la defensa y al debido proceso.
Pero esta “papa caliente” ahora está en manos del Tribunal Contencioso Electoral, que vale la pena decirlo, institución con poca credibilidad, es decir que no goza de confianza ciudadana. Así que nos queda encomendar la justa labor de la divina providencia y la tradición de una ciudad que históricamente se ha levantado contra los corruptos.
Estos diez días son claves, ciudadanos y autoridades de control, debemos estar vigilantes del actuar de jueces, abogados, comedidos y removidos.
