La noche de este miércoles, 7 de junio de 2023, el de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dictó medidas alternativas a la prisión preventiva para Maribel B. y Juan José M., vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), y el juez provincial de Pichincha Vladimir J. por el presunto delito de tráfico de influencias.

En tal virtud, ellos deberán presentarse cada ocho días ante la Secretaría de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Además, tienen prohibición de salida del país. El Ministerio Público presentó cuarenta y un elementos de convicción.

A este dictamen se suma las medidas de carácter real: retención de cuentas por el valor de 5.100 dólares –cada uno– y la prohibición de enajenar bienes.  La instrucción fiscal de este caso tendrá una duración de ochenta días.

Los tres procesados son acusados de una supuesta presión a jueces  de la Corte de Pichincha, en torno al tratamiento de una acción de protección interpuesta por Guadalupe Llori, exasambleísta, con la que buscaba recuperar la Presidencia de la Asamblea Nacional.

La denuncia la realizaron un exlegislador y un abogado en base a una grabación realizada por la jueza de la Corte de Pichincha quien en su testimonio anticipado indicó que grabó la totalidad de la reunión, tomó fotos y videos por temor a  su seguridad.

La reunión se habría efectuado la mañana del 2 de junio de 2022, en una oficina ubicada en el norte de Quito, fuera de las dependencias de la Judicatura. Allí, los vocales involucrados –según consta en la grabación– le solicitaron directamente a Gustavo O., juez integrante del Tribunal, que debía conocer y resolver la acción de protección, que falle a favor y en el menor tiempo posible.

En este hecho habría colaborado el juez provincial Vladimir J., pues sería quien dio las indicaciones de cómo llegar al lugar de la reunión, afirmando que se trataba de una oficina de Juan José M., incluso, exponiendo argumentos para motivar el fallo solicitado por las autoridades de la Judicatura ahora procesadas.