Ecuador / Martes, 24 Marzo 2026

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, acudió este 24 de marzo de 2026 a la Fiscalía.

Pabel Muñoz rinde versión en Fiscalía por la compra de trolebuses

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, acudió este 24 de marzo de 2026 a la Fiscalía.
Foto: web
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, compareció ante la Fiscalía este 24 de marzo de 2025. Lo hizo por la adquisición de 60 trolebuses, un proceso investigado tras un informe de la Contraloría.
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El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, acudió este 24 de marzo de 2026 a la Fiscalía General del Estado, en el norte de la urbe, para rendir su versión dentro de la investigación por la compra de 60 trolebuses.

El proceso se abrió a partir de un informe de la Contraloría General del Estado, que analiza posibles irregularidades en la contratación.

El rol del alcalde en el proceso

Tras su comparecencia, Muñoz aseguró que su participación fue limitada.

Según explicó, su rol se centró en:

• La firma de un memorando de entendimiento
• La cooperación con la Oficina de Naciones Unidas (UNOPS)

El alcalde insistió en que no tuvo intervención directa en la ejecución del contrato.

Críticas al informe de la Contraloría

Muñoz cuestionó el documento que originó la investigación. Afirmó que:

• “no se entiende” el contenido del informe
• Existen “vulneraciones” en su elaboración

Además, calificó como un “bochorno internacional” la posibilidad de investigar un presunto peculado en un proyecto vinculado a Naciones Unidas.

Posible archivo del caso

La defensa del alcalde espera que, una vez incorporada la documentación del Municipio, la empresa de transporte y el organismo internacional el proceso sea archivado.

Contexto

En enero de 2026, el concejal, Wilson Merino, acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia contra presuntos responsables por el supuesto delito de peculado dentro del proceso de compra de los 60 trolebuses eléctricos. 

Merino aseguró que las alertas se levantaron antes de concretarse la compra. Desde la Comisión de Movilidad, explicó que advirtió de forma verbal y documentada al alcalde, al secretario de Movilidad y al gerente de la Empresa de Pasajeros sobre la ilegalidad del esquema.

“El uso de esta triangulación eludía la ley de contratación pública. Lo advertimos varias veces y no quisieron escuchar”, afirmó el concejal.

Ante la falta de respuesta política, solicitó hace aproximadamente un año un examen especial a la Contraloría y pidió que se active la auditoría interna del Municipio, sin resultados inmediatos.

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