Tras la decisión de la Corte Constitucional (CC) de declarar inconstitucional la penalización del aborto en casos de violación a una mujer que padezca de discapacidad mental, el siguiente paso es remitir el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. A partir de esa fecha, el Legislativo tiene un plazo máximo de 6 meses para conocer y discutir el proyecto de ley que "regule la interrupción voluntaria del embarazo producto de una violación sexual, con los más altos estándares de deliberación democrática", indica la sentencia de la CC. Además, trimestralmente tendrán que informar sobre el avance y cumplimiento de la medida.

Dentro de la disposición, los magistrados constitucionales indicaron que los asambleístas deberán respetar los criterios y estándares generales establecidos en la sentencia para regular la interrupción voluntaria del embarazo en caso de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual.

Así mismo, la CC dispuso al Defensor del Pueblo que prepare un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. La acción deberá realizarla de manera coordinada con los distintos organismos estatales y en el plazo máximo de dos meses contados desde la notificación de la sentencia. También, el Defensor deberá remitir a la Corte la constancia de presentación del proyecto de ley ante la Asamblea Nacional al cumplirse el plazo de dos meses otorgado para su elaboración.

El pasado miércoles 28 de abril, la Corte declaró la inconstitucionalidad por el fondo del artículo 150 numeral dos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en la frase “en una mujer que padezca de discapacidad mental”. La audiencia tardó cinco horas. Lo impulsaron siete organizaciones sociales. Entre ellas se encontró la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, la Fundación Desafío y Mujeres con Vozs quienes, tras conocer la resolución de la CC, celebraron la decisión.