Desde mayo de 2017, por pedido del Gobierno actual, se busca desentrañar las pérdidas de los siete medios incautados, que durante una década fueron mal utilizados por el régimen de Correa.

Contraloría estableció causas, implicados y montos de las pérdidas en el canal incautado. Se revelan los negocios y los pagos de comisiones a agencias de publicidad vinculadas a familiares de exfuncionarios del gobierno de Correa, y el no cobro por transmitir los enlaces ciudadanos. El objetivo ahora es recuperar $ 9 millones para aplicar un proceso de reactivación de la televisora.

Parte de las reformas abre paso a este proceso. Representantes de organizaciones de comunicación sugieren que se explique el mecanismo, además de llevar ante la Justicia a quienes fueron parte de la administración.