Un proyecto de ley en Filipinas, respaldado por el presidente Rodrigo Duterte, que permite que niños de 9 años puedan ir a la cárcel, provocó ayer alarma en las Naciones Unidas y en asociaciones de defensa de los menores.

Los aliados del mandatario filipino en la Cámara de Representantes quieren adoptar esta propuesta de ley antes de diciembre.

Esta ley prevé el restablecimiento de la pena de muerte y la reducción de la edad penal, de 15 a 9 años. Duterte fue elegido en mayo tras una campaña en la que prometió erradicar las drogas eliminando a miles de personas tras advertir que el país corría el riesgo de convertirse en un narcoestado.

También prometió subsanar los vacíos del sistema judicial que, según él, permitían a los traficantes de droga utilizar a menores como mulas. “Criminales adultos utilizan de forma deliberada a menores de 15 años para cometer crímenes como el tráfico de droga”, declaró Pantaleón Álvarez, uno de los defensores del texto.

Duterte proponía reducir la edad de responsabilidad penal a 12 años, pero sus aliados quieren ir más lejos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), recordó ayer al  Gobierno filipino sus obligaciones internacionales. Manila es firmante de la convención de la ONU sobre los derechos de los niños que estipula que la edad penal no puede ser inferior a 12 años.

“La cárcel no es un lugar para los niños. Es alarmante enviar a niños a instituciones penitenciarias”, declaró Unicef. “Sería un retroceso por parte del Gobierno filipino”, añadió. Varias asociaciones lanzaron la campaña #ChildrenNotCriminals (los niños no son criminales) para pedir a los representantes que no apoyen el proyecto de ley. “Es injusto acusar a los niños. El resultado serán niños convertidos en criminales reincidentes”, declaró Ernesto Almocera, de Plan International Philippines.

Los defensores de los menores instaron a Duterte que se centrara en las causas de la delincuencia de los menores, la pobreza, la ausencia de los padres o la falta de educación de la nación.

La política anticriminalidad que promueve Duterte desató duras críticas por parte de los defensores de los derechos humanos.

Más de 2.000 personas fueron abatidas por la Policía desde que el presidente asumió su cargo a finales de junio. Otras 2.800 murieron en circunstancias no clarificadas, según las estadísticas oficiales. (I)