Testigo protegido de la Fiscalía reveló que el exministro José S. y el intermediario Daniel S. le ordenaron seguir a Fernando Villavicencio, poco antes de su asesinato el 9 de agosto de 2023.

Un expolicía, quien es testimonio protegido de la Fiscalía por el Caso Villavicencio, reveló una trama de espionaje político y entrega de cédulas a exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante el Gobierno de Rafael Correa.

La audiencia por la posible deportación de José Serrano hacia Ecuador se realizará el 30 de septiembre. El 16 de septiembre se evaluará una posible fianza.

La Fiscalía reveló los roles y motivaciones de los cuatro implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio, evidenciando una red de planificación, financiamiento y ejecución que operó desde 2022.

Una amenaza de bomba obligó a evacuar el edificio central de la Fiscalía en Quito. La alerta ocurre el mismo día que se instala la audiencia del caso Fernando Villavicencio.

En la audiencia del Caso Villavicencio, la fiscal Ana Hidalgo presentó un video del FBI, en el que un sicario menciona al "señor Correa". La jueza Daniela Ayala aceptó la prisión preventida de dos de los cuatro sospechosos.

La jueza María Ayala suspendió hasta el 3 de septiembre de 2025 la audiencia de formulación de cargos conta cuatro personas por su presunta participación en el homicidio del político Fernando Villavicencio.

La jueza penal María Ayala fijó la hora y fecha para la formulación de cargos contra José S., Ronny A., Daniel S. y Xavier S., quienes son investigados como supuestos autores intelectuales del crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

La Fiscalía solicitó al juez de la causa convocar a Ronny Xavier A. S., Xavier Edmundo J. M., Daniel Josué S. B. y José Ricardo S. S., para su respectiva formulación de cargos como supuestos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio

Carlos Edwin A., alias "Invisible", sentenciado por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio recibió una nueva condena de seis años y siete meses de prisión, por narcotráfico.