El registro de las familias que accederían a un incremento del bono empezó en Esmeraldas, Manabí y Guayas.

El ente de control determinó que el Estado debe al Seguro $ 2.878 millones. La Cartera de Economía evaluará el informe para esclarecer si existe la obligación.

Los gremios del país aprovecharán el inicio del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario para presentar sus propuestas, las cuales no afectarán la seguridad social del empleado.

El ministro de Finanzas celebró la operación, mientras que economistas y otras dignidades critican la decisión y piden claridad en las cuentas.