Las costuras de España se resquebrajan en Cataluña pero nadie acierta a decir cuándo reventarán por completo. A estas horas, los daños políticos causados en torno al referéndum independentista son cuantiosos. Las amenazas, querellas, advertencias y prohibiciones de actos favorables al referéndum de los últimos días han dado paso a la acción descarnada. Mientras los independentistas celebran los primeros actos de campaña de los más de mil que han programado de cara a la polémica cita del 1 de octubre, Rajoy volvió a dar muestras que la maquinaria del Estado está decidida a aplacar cualquier muestra de rebeldía por muy temeraria que parezca.

Por de pronto, la fiscalía general del Estado comenzó ayer los interrogatorios a los 712 alcaldes catalanes que desoyeron la orden del Tribunal Constitucional de refutar las directrices del Govern para organizar el referéndum. Los primeros en declarar fueron los regidores de Mollerussa, La Seu d'Urgell, Valls, Villanova i la Geltrú y Tortosa. Todos ellos pertenecen a la misma formación conservadora, el PDeCat, que lidera el president Carles Puigdemont. Fue el primer capítulo del intercambio de golpes que se avecina en España y que ya sólo la insólita proeza de algún mediador ingenioso logrará detenerlos.

El gobierno de Rajoy ha decidido elevar un poco más el tono después del arranque de la campaña independentista del jueves mientras se sustancia la impresión de que la votación terminará celebrándose con o sin la aceptación del Estado. Las cosas se complican en España, ayer convertido ya en una verdadera jaula de grillos, con una marea humana de periodistas encorajinados en la puerta del Consejo de ministros a la espera de las novedades adoptadas tras su reunión semanal en Madrid. Y tuvieron su premio. Primero, se anunció un ultimátum de 48 horas, que comenzará a correr desde el lunes, para que al Govern de marcha atrás en sus aspiraciones de independencia. Y si cumplido ese plazo nada cambia, el ministerio de Hacienda estrangulará sus cuentas.

El mecanismo diseñado por el ministro Cristóbal Montoro tratará de impedir que se destine dinero público a la organización del referéndum mediante la apropiación del pago directo las nóminas mensuales de todo el ejército funcionarial autonómico y todos los gastos vinculados a sanidad, educación y el resto de servicios públicos. Además, da otros dos días horas de plazo a Puigdemont para aprobar un acuerdo de “no disponibilidad que garantice que el resto de recursos tampoco serán empleados en sufragar la consulta”. De lo contrario, el Ejecutivo español se hará con el control total del presupuesto de Cataluña.

Esta decisión se produce después de que el vicepresidente catalán Oriol Junqueras enviara ayer una advertencia por escrito explicando que ya no remitiría cada semana los justificantes sobre los gastos, tal y cómo le exigió el Tribunal Constitucional hace una semana. El objetivo de la Corte era neutralizar la partida presupuestaria que el govern había previsto para sufragar los gastos de la consulta, pagar las urnas, boletos, publicidad y el coste de la aplicación informática que debe realizar el recuento de votos.

Poco o nada puede hacer el equipo de Puigdemont para contrarrestar la decisión adoptada ayer por el Consejo de ministros español. O accede antes del miércoles o la caja registradora de donde sale el dinero que mueve la vida administrativa de Cataluña quedará cerrada a cal y canto. Mientras Rajoy sigue mostrando los dientes de hierro del Estado, Puigdemont, Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, remitieron ayer una carta al rey Felipe VI en la que piden su intermediación para abrir un espacio al diálogo con el gobierno español y dar así una salida a la enquistada situación catalana.

La iniciativa, por el momento, no sólo parece haber caído en saco roto sino que mide la capacidad de respuesta del gobierno de Mariano Rajoy para impedir el referéndum.

El portavoz del ejecutivo de Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, avisó ayer a la alcaldesa de Barcelona que tras su decisión de facilitar la celebración de la consulta en la ciudad condal “será responsable de sus actos” y que a partir de ahora “se estudiará el acuerdo alcanzado con los promotores de la consulta para ver qué tipo de acuerdo es ese” por si pudiera constituir alguna ilegalidad. La tormenta se ha desatado con toda crudeza. (I)